El Gobierno nacional propuso a las provincias ceder parte de la recaudación del impuesto a los combustibles a cambio de que estas asuman la responsabilidad de las obras de Vialidad en sus respectivos territorios. Esta medida surge como respuesta a los reclamos de los gobernadores, quienes habían solicitado un aumento en la coparticipación del impuesto y la regularización de los envíos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, los equipos técnicos del Ejecutivo aceptaron destinar a las provincias el porcentaje de la recaudación del tributo que actualmente se asigna al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Este fideicomiso se financia con el 50% de lo que, por ley, debe destinarse al Fondo de Infraestructura de Transporte, y recibe el 28,58% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. En 2024, el SISVIAL registró ingresos significativos, lo que abre una ventana de negociación para las arcas provinciales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será el encargado de llevar adelante las negociaciones con los gobernadores. Se espera que en los próximos días se reúna con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para evaluar el impacto fiscal de esta propuesta y definir los alcances de la cesión de fondos. Los mandatarios provinciales, por su parte, tienen prevista una reunión este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para abordar estos temas.

Paralelamente, existen divergencias dentro del propio gobierno sobre la viabilidad de distribuir de forma regular el excedente anual del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Mientras un sector considera que las cuentas fiscales permiten un margen para el envío de estos fondos, otro insiste en la escasez de recursos.

El Gobierno busca que estas negociaciones se formalicen a través de un proyecto de ley en el Congreso, intentando incluir en el acuerdo el tratamiento de las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, cuyo debate comenzará esta semana. Además, la Casa Rosada aspira a forjar alianzas para bloquear el aumento jubilatorio aprobado por Diputados y que debe ser tratado en el Senado, previendo un posible veto presidencial.

En un marco más amplio, el Gobierno también mira hacia las elecciones legislativas de octubre, buscando consolidar acuerdos con gobernadores aliados para que partidos del interior compitan dentro de la boleta de La Libertad Avanza, bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Finalmente, el próximo martes se realizará la primera reunión del Consejo de Mayo, donde se abordarán reformas clave como la laboral, tributaria y previsional. El encuentro, presidido por Francos e integrado por Federico Sturzenegger, contará con la participación de representantes de las provincias, sindicatos, ambas cámaras legislativas y entidades empresariales. En particular, la reforma laboral en análisis incluye modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la intervención estatal, eliminar la homologación de paritarias y promover la mediación, buscando que "los privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado". También se evalúan cambios en el sistema previsional, incluyendo el incremento de la edad jubilatoria para mujeres y la posibilidad de optar por sistemas privados.