El Gobierno nacional propuso a las provincias ceder parte
de la recaudación del impuesto a los combustibles a cambio de que estas asuman
la responsabilidad de las obras de Vialidad en sus respectivos territorios.
Esta medida surge como respuesta a los reclamos de los gobernadores, quienes
habían solicitado un aumento en la coparticipación del impuesto y la
regularización de los envíos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, los equipos
técnicos del Ejecutivo aceptaron destinar a las provincias el porcentaje de la
recaudación del tributo que actualmente se asigna al Sistema Vial Integrado
(SISVIAL). Este fideicomiso se financia con el 50% de lo que, por ley, debe
destinarse al Fondo de Infraestructura de Transporte, y recibe el 28,58% de lo
recaudado por el impuesto a los combustibles. En 2024, el SISVIAL registró
ingresos significativos, lo que abre una ventana de negociación para las arcas
provinciales.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será el encargado
de llevar adelante las negociaciones con los gobernadores. Se espera que en los
próximos días se reúna con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para
evaluar el impacto fiscal de esta propuesta y definir los alcances de la cesión
de fondos. Los mandatarios provinciales, por su parte, tienen prevista una
reunión este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para abordar
estos temas.
Paralelamente, existen divergencias dentro del propio
gobierno sobre la viabilidad de distribuir de forma regular el excedente anual
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Mientras un sector considera
que las cuentas fiscales permiten un margen para el envío de estos fondos, otro
insiste en la escasez de recursos.
El Gobierno busca que estas negociaciones se formalicen a
través de un proyecto de ley en el Congreso, intentando incluir en el acuerdo
el tratamiento de las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, cuyo
debate comenzará esta semana. Además, la Casa Rosada aspira a forjar alianzas
para bloquear el aumento jubilatorio aprobado por Diputados y que debe ser
tratado en el Senado, previendo un posible veto presidencial.
En un marco más amplio, el Gobierno también mira hacia las
elecciones legislativas de octubre, buscando consolidar acuerdos con
gobernadores aliados para que partidos del interior compitan dentro de la
boleta de La Libertad Avanza, bajo la coordinación de la secretaria general de
la Presidencia, Karina Milei.
Finalmente, el próximo martes se realizará la primera
reunión del Consejo de Mayo, donde se abordarán reformas clave como la laboral,
tributaria y previsional. El encuentro, presidido por Francos e integrado por
Federico Sturzenegger, contará con la participación de representantes de las
provincias, sindicatos, ambas cámaras legislativas y entidades empresariales.
En particular, la reforma laboral en análisis incluye modificaciones a la Ley
de Contrato de Trabajo para reducir la intervención estatal, eliminar la
homologación de paritarias y promover la mediación, buscando que "los
privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado".
También se evalúan cambios en el sistema previsional, incluyendo el incremento
de la edad jubilatoria para mujeres y la posibilidad de optar por sistemas
privados.