Después de un extenso debate oral y público de seis meses, la enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba. La decisión fue unánime, tomada este miércoles por un jurado popular de ocho ciudadanos y dos jueces. La pena impuesta es la máxima posible para este tipo de delitos en el Código Penal argentino, siendo un caso sin precedentes en la historia del país.

El veredicto fue leído por la secretaria de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación, tribunal a cargo del juicio. Previamente, la jueza Patricia Soria se emocionó al agradecer el desarrollo del proceso. La deliberación del jurado se extendió por más de 10 horas, reflejando la complejidad del caso.

Absoluciones y condenas entre funcionarios

En el marco de la misma causa, varios funcionarios que también estaban imputados fueron juzgados. El jurado mixto resolvió absolver a Alicia Beatriz Ariza (ex jefa de Enfermería), María Alejandra Luján (médica), Claudia Ringelheim (ex vicedirectora y jefa de Tocoginecología), Alejandro Gauto (ex jefe del Área Legales del Ministerio) y Diego Cardozo (ex ministro de Salud).

Por otro lado, los demás imputados fueron declarados culpables. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, las autoridades habrían evitado "poner en conocimiento de la Justicia los casos que se venían sucediendo" y desplegado "conductas encubridoras" para ocultar pruebas. Esta situación, según se estableció, favoreció el accionar de la enfermera incluso cuando ya existía una "fuerte sospecha" sobre ella.

Detalles del caso

Los ataques se produjeron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022, pero la denuncia judicial llegó un mes después de los últimos fallecimientos, presentada por el ingeniero Francisco Luperi. Las autopsias de dos de las víctimas fatales, Melody Luz Molina y Angeline Rojas, fueron determinantes para la investigación.

Durante el juicio, se reveló que varios de los bebés atacados presentaban pinchazos en zonas inusuales del cuerpo y niveles de potasio y/o insulina en sangre incompatibles con la vida, lo que indicaba una inoculación externa.

La fiscalía sostuvo que Brenda Agüero actuó motivada por aspiraciones laborales, buscando destacarse al ser la primera en detectar los síntomas de los bebés. Se corroboró que Agüero era la única persona presente en todos los episodios y tenía "proximidad exclusiva" con las madres y sus hijos, quedando a menudo sola con ellos.

El fiscal Raúl Garzón determinó en su investigación que la enfermera obtenía dosis de potasio e insulina de los "carros de paro", los cuales carecían de un control de inventario adecuado. Inyectaba a los recién nacidos de forma errática y furtiva. El 6 de junio de 2022, cuatro bebés sufrieron descompensaciones en cuestión de horas, un hecho sin precedentes para los médicos que declararon en el juicio, lo que generó la estallido de la situación en el hospital y la posterior licencia de varios profesionales, incluida Agüero.