La Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia, concluyó que el presidente Javier Milei no cometió un delito al promocionar la criptomoneda Libra en sus redes sociales. Tras una investigación de tres meses, el organismo determinó que no se violó la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), argumentando que la publicación se realizó desde su cuenta personal de X (antes Twitter) y sin que se comprobara la recepción de beneficios personales.

La resolución de la OA a la que accedió Clarín establece que el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluyendo a los de más alta jerarquía, "no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública". En este caso, se consideró que la difusión del contrato de la criptomoneda por parte de Milei no fue en ejercicio formal de su rol presidencial, lo que lo eximiría de incurrir en un ilícito bajo esta ley.

La investigación se inició el 20 de febrero a pedido de la Casa Rosada, días después de que Milei hiciera una publicación sobre la criptomoneda, cuyo valor se disparó para luego colapsar, generando denuncias de estafa por parte de numerosos inversores.

Además de eximir de responsabilidad al presidente, la OA también descartó la participación de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, en gestiones relacionadas con Libra. En su informe, el organismo aseguró no haber encontrado vínculos patrimoniales entre Milei, su hermana Karina, el vocero presidencial Manuel Adorni o los impulsores del proyecto cripto, como el empresario estadounidense Hayden Davis o los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Sin embargo, llama la atención que la Oficina Anticorrupción no haya considerado relevante el antecedente de que Milei ofrecía clases sobre criptomonedas en NW Professionals, una academia de trading cuyo dueño es precisamente Novelli. Finalmente, también se descartó la existencia de cualquier registro oficial del "Viva la libertad project", nombre con el que se promocionaba la idea de fondear pymes argentinas mediante la compra de Libra.

Cabe destacar que, si bien la OA se limitó a analizar el cumplimiento de la Ley de Ética Pública, el expediente fue enviado a la Fiscalía Federal N°3, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien continúa con la investigación penal sobre el posible fraude económico vinculado a la criptomoneda.