El dirigente social Juan Grabois fue detenido tras encabezar la toma del Instituto Juan Domingo Perón en el barrio de
Recoleta, un edificio que había sido declarado Monumento Histórico Nacional y
que el gobierno de Javier Milei dispuso cerrar. La medida de fuerza, iniciada
al mediodía para evitar el desmantelamiento del instituto, culminó con la
detención de Grabois y otro militante, en un operativo llevado a cabo por la
Policía Federal Argentina (PFA).
"Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me
la sacás", expresó Grabois en sus redes sociales, minutos después de ser
arrestado y trasladado a la Alcaidía de Investigaciones de Madariaga. Horas
antes, el líder de Patria Grande había anunciado en su cuenta de X que "la
juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia
de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón
disuelto ilegalmente por el régimen de Milei".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el
desalojo y la detención de Grabois. "La PFA actuó con firmeza y eficacia.
El desalojo fue un éxito. Recuperamos un edificio tomado por militantes que se
creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo", afirmó en sus redes,
sentenciando: "Grabois: las hacés, las pagás".
Según explicó el jefe de la PFA, Luis Alejandro Rolle, el
grupo liderado por Grabois, de aproximadamente 50 personas, ingresó de forma
"violenta" al edificio, destruyendo una puerta blindex y reteniendo a
cuatro funcionarios de la Policía Federal que resguardaban el lugar. Los
agentes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Churruca Visca.
Rolle enfatizó que la PFA actuó "de manera pacífica y sin violencia"
para recuperar el inmueble, y destacó que es "la primera vez, en años, que
la Policía Federal no actuaba para recuperar un bien del Estado".
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra
Pettovello, había dado plazo hasta este sábado 7 de junio para abandonar el
lugar. La cartera justificó el cierre del Instituto Perón, disuelto por decreto
346/2025 junto a la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente
General Juan Domingo Perón, alegando que "contaba con 20 empleados y
generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos", sin realizar
investigaciones acorde a su propósito.
Grabois, por su parte, había presentado una denuncia penal
contra la ministra Pettovello y sus funcionarios por "daño agravado,
alteración y destrucción de documentos confiados a su custodia y abuso de
autoridad", en representación de la cooperativa que gestiona el bar
"Un café con Perón" en el mismo instituto.
Desde la cuenta de X de Grabois, se emitió un mensaje
tranquilizador sobre su estado, pero también se redoblaron las críticas al
Gobierno: "Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por
defender el legado peronista y la identidad nacional". El Partido
Justicialista había denunciado "persecución ideológica" tras el
cierre de los institutos, solicitando que el sello que preside Cristina
Kirchner se haga cargo del patrimonio de los organismos.
La causa quedó bajo investigación del Juzgado Federal de
Instrucción N° 2, Secretaría N° 3, a cargo de Sebastián Ramos, quien
determinará si el hecho se califica como averiguación o tentativa de
usurpación.