Las cifras que trascendieron revelan la cantidad de pensiones no contributivas por jurisdicción, encabeza Chaco con 99.134 beneficiarios, Santiago del Estero con 83.845, Formosa con 40.860, Misiones con 82.064, Corrientes con 72.146, Salta con 58.223, Jujuy con 23.223, Tucumán con 68.395, La Rioja con 17.056 y Catamarca con 17.659 beneficiarios. 

Fuentes del organismo precisaron que se revisará "caso por caso" con un operativo que abarcará al universo de 1.223.864 beneficiarios que hoy cobran la pensión, equivalente al 70% de una jubilación mínima, a lo largo y ancho del país. Adelantaron que, junto a comunas norteñas como El Quebrachal (Salta), Villa Ángela (Chaco), Monte Quemado (Santiago del Estero), Tafí Viejo (Tucumán), Las Lomitas (Formosa) y Goya (Corrientes), resaltan con marcadores rojos municipios del Conurbano bonaerense como Quilmes, Berazategui, Lanús y Florencio Varela.

En una auditoría médica, que se completó en la segunda quincena de julio sobre una muestra de 2.559 casos, se detectó que sólo el 7% los beneficiarios reunía los requisitos de invalidez exigidos por la legislación vigente al momento de aprobarse los expedientes. Ante el festival de pensiones "truchas" que el vocero presidencial, Manuel Adorni, expuso días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en la Casa Rosada, el fiscal Guillermo Marijuan promovió ante los Tribunales porteños de Comodoro Py una investigación de responsabilidades penales por una multimillonaria defraudación.

REVISARÁN CASO POR CASO 
El operativo nacional de auditoría que está en camino, según se estima en el seno de la nueva dirección ejecutiva que preside Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), podría terminar a fines de agosto o comienzos de septiembre con alrededor de 500.000 pensiones no contributivas dadas de baja por irregularidades.

Para determinar quiénes las cobran hoy sin reunir requisitos legales se citará a cada beneficiario por carta documento. Deberán presentarse en una oficina de la Anses o un hospital público, donde médicos determinarán el grado de discapacidad de la persona.

También se revisará el perfil socioeconómico del beneficiario mediante cruces de información de propiedades, ingresos y consumos, ya que para acceder a una pensión por invalidez, los ingresos y el patrimonio del titular del beneficio o su grupo familiar no deben superar límites que están legalmente establecidos.

Con toda esa información, la Andis resolverá si mantiene o da de baja a la pensión. Los beneficiarios tendrán una instancia de apelación. Si no se presentan en la fecha y lugar precisados, perderán automáticamente el beneficio.

Desde la Andis aseguraron que sólo se les quitará la pensión contributiva por invalidez a quienes realmente no cumplan con los requisitos para cobrar el beneficio que asciende actualmente a $216.000, de los que $146.000 se corresponden con el 70% de una jubilación mínima y $70.000 con un bono.

También afirmaron que quedarán al margen del operativo los 100.000 niños y adolescentes y los 60.000 adultos mayores. 

Corrientes, entre otros distritos, reclama que la Nación deje de retener los fondos para el sector que están dentro del programa Incluir Salud.