La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó la ley que
establece el Estado de Emergencia Climática e Hídrica en toda la provincia
durante 180 días, con la posibilidad de extenderla por un período igual si
persisten las condiciones críticas asociadas al fenómeno de El Niño.
La decisión se tomó ante las previsiones de precipitaciones
para los próximos meses y el riesgo de que las lluvias provoquen inundaciones,
daños en la infraestructura y dificultades para las poblaciones ubicadas en
zonas vulnerables.
La norma ya contaba con media sanción del Senado y ahora
fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior entrada en
vigencia.
Emergencia hídrica: qué situaciones contempla
la ley
La declaración alcanza a todo el territorio provincial y
busca facilitar la respuesta estatal frente a fenómenos climáticos e hídricos
que puedan comprometer los recursos naturales, la seguridad, la propiedad y la
actividad productiva.
También comprende posibles daños en el sistema energético,
las rutas y los caminos, además de situaciones que pongan en peligro la vida o
la integridad física de las personas.
Durante el tratamiento, el diputado Norberto Ast fundamentó
la necesidad de aprobar la medida a partir de los pronósticos de lluvias para
los próximos meses, con previsiones que podrían extenderse hasta abril de 2027.
El legislador también puso el foco en las localidades
ribereñas que podrían quedar expuestas a las consecuencias de las
precipitaciones, entre ellas Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado,
Bella Vista, Goya y Esquina.
Por su parte, Ricardo Leconte explicó que, aunque
habitualmente mantiene una postura contraria a las declaraciones de emergencia,
en esta oportunidad decidió acompañar el proyecto.
Advirtió sobre el impacto que podrían tener las lluvias
intensas en la vida cotidiana de los habitantes, sus bienes, la producción
ganadera, los caminos y las zonas urbanas.
Buscan limitar el uso de celulares en las
cárceles
En la misma sesión, Diputados otorgó media sanción a una
iniciativa que establece restricciones para el ingreso, la tenencia y la
utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación móvil
dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales.
El proyecto fue presentado por la legisladora Lorena
Lazaroff e incorporó aportes de Ricardo Leconte. Su propósito es impedir que se
utilicen dispositivos no autorizados desde las cárceles para organizar o
cometer delitos.
La propuesta establece que las comunicaciones habilitadas
con familiares, allegados, abogados y representantes de instituciones deberán
realizarse a través de teléfonos fijos analógicos, bajo supervisión y monitoreo
del Servicio Penitenciario.
Además, contempla la incorporación de tecnología para
detectar dispositivos móviles activos dentro de las unidades penitenciarias.
Bloqueo de equipos y sanciones por
incumplimientos
Entre las herramientas previstas figura el bloqueo de
teléfonos no autorizados mediante sus identificaciones IMEI e IMSI, sistemas
que permiten individualizar los equipos y las tarjetas utilizadas para
conectarse a las redes móviles.
El texto también establece sanciones para los agentes
penitenciarios y las personas que incumplan las disposiciones que finalmente se
conviertan en ley.
Al defender la iniciativa, Lazaroff sostuvo que la
intención es evitar que desde los establecimientos penitenciarios se coordinen
amenazas, estafas, extorsiones, fraudes y secuestros virtuales.
La legisladora advirtió que estas maniobras afectan a
distintos sectores de la sociedad y mencionó especialmente la vulnerabilidad de
adultos mayores y jóvenes frente a este tipo de engaños.
Armas de letalidad reducida para las fuerzas de
seguridad
Otro de los proyectos aprobados durante la sesión establece
un marco regulatorio para la dotación, portación y utilización de armas de
letalidad reducida por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.
La iniciativa, presentada por Ricardo Leconte (h), apunta a
incorporar herramientas intermedias como alternativa al uso de armas
reglamentarias durante determinados procedimientos.
El objetivo planteado es brindar mayores recursos para
intervenir en situaciones de riesgo y proteger tanto a la ciudadanía como al
personal policial y penitenciario.
El proyecto también prevé que el Ministerio de Seguridad
elabore un catálogo de dispositivos homologados. A esto se suman mecanismos de
registro y transparencia sobre su utilización, junto con disposiciones
relacionadas con la protección laboral e institucional de los agentes.
Reconocimiento a un periodista por una
investigación sobre abigeato
En el cierre de la sesión, la Cámara aprobó una declaración
de interés para reconocer al periodista Jaime Meza, del diario El Libertador,
quien obtuvo el Primer Premio ADEPA 2026 en la categoría Periodismo de
Investigación.
El trabajo distinguido se titula «Del hambre al negocio:
cómo el abigeato se convirtió en una industria criminal» y aborda las
consecuencias económicas y sociales del delito rural, además de las estructuras
delictivas que afectan a la producción.
La edición de los premios recibió 1.272 trabajos publicados
entre junio de 2025 y mayo de 2026, con la participación de más de 70 jurados.
En la misma categoría, el segundo puesto fue para un equipo de periodistas de
La Nación y se otorgó una mención especial a una investigación de Infobae.
Con la emergencia hídrica, las restricciones para las
comunicaciones en las cárceles y el marco para el uso de armas de letalidad
reducida, la sesión dejó una agenda legislativa centrada en la prevención de
riesgos climáticos, la seguridad pública y el funcionamiento del sistema
penitenciario.
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