La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce modificaciones en las expropiaciones, los desalojos y la regulación de las tierras rurales. La votación terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones.

El texto recibió el respaldo de La Libertad Avanza y de bloques aliados, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y otros espacios provinciales. Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de distintos sectores se opusieron a la iniciativa.

Sin embargo, para conseguir los votos necesarios, el oficialismo aceptó reincorporar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Esa modificación cambió el contenido aprobado previamente por el Senado y obliga a que el proyecto regrese a la Cámara alta.

Qué establece sobre la compra de tierras rurales

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la restitución de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina. Esa norma había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei.

Con la reincorporación de ese régimen, se recuperaría el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras tanto a nivel nacional como en cada provincia y departamento. Además, la legislación contempla restricciones para evitar que personas o empresas de una misma nacionalidad concentren más del 30% de la superficie habilitada para propietarios extranjeros.

La normativa también establece condiciones para la adquisición de campos que contengan cuerpos de agua relevantes y de terrenos ubicados en zonas de seguridad de frontera. La restitución de estos límites fue incorporada durante el tratamiento en comisiones para acercar posiciones con los bloques aliados del Gobierno.

Cambios en las expropiaciones y los desalojos

El proyecto incluye modificaciones al régimen de expropiaciones estatales. Entre sus disposiciones, plantea mayores exigencias para fundamentar la declaración de utilidad pública y establece criterios para calcular las indemnizaciones, con referencia al valor de mercado y la consideración del lucro cesante.

Otro apartado apunta a agilizar la restitución de inmuebles ocupados. La propuesta contempla un procedimiento sumario que podría permitir recuperar una propiedad en un plazo de 72 horas, siempre que el titular acredite documentalmente su derecho.

En materia de alquileres, el texto incorpora disposiciones para los casos de falta de pago. El propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo de diez días para cancelar la deuda antes de avanzar con las medidas previstas en la normativa.

Por qué la iniciativa debe regresar al Senado

Aunque el proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara alta el 6 de agosto, los cambios introducidos por Diputados modificaron la versión original. Por ese motivo, el Senado deberá decidir si acepta las modificaciones o insiste con el texto que había aprobado anteriormente.

La votación dejó expuesto el acuerdo político que permitió avanzar con la iniciativa: el oficialismo consiguió aprobar su proyecto, pero debió aceptar la restitución de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales para reunir los apoyos necesarios.

El desenlace legislativo dependerá ahora de la decisión de los senadores. Hasta que el Congreso complete el tratamiento, las modificaciones incluidas en el proyecto no quedarán convertidas en una nueva ley vigente.

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