El Gobierno argentino avanza en una negociación con Estados
Unidos para revisar la infraestructura informática del Estado, reemplazar de
manera progresiva equipos considerados sensibles y desarrollar un centro
nacional de ciberseguridad. El programa busca mejorar la detección de amenazas
y la respuesta ante ataques informáticos en organismos públicos e
infraestructura crítica.
La iniciativa cuenta con una convocatoria de financiamiento
del Departamento de Estado norteamericano por hasta US$13.912.185, con un plazo
de ejecución de hasta 36 meses. El proyecto también apunta a reducir la
dependencia de proveedores tecnológicos que Washington considera riesgosos para
la seguridad.
Qué tecnología busca reemplazar el Gobierno
Uno de los objetivos centrales es identificar y sustituir
equipamiento de origen chino, en particular dispositivos de Huawei instalados
en sectores estratégicos de las redes gubernamentales.
Para avanzar, el plan contempla una evaluación de las
redes, los sistemas informáticos y los centros de datos de la Administración
nacional. A partir de ese relevamiento, se elaborará un inventario de los
equipos considerados sensibles y se establecerá cuáles deberán retirarse,
aislarse o quedar bajo controles especiales.
El proceso deberá organizarse para evitar interrupciones en
los servicios esenciales. La revisión permitirá definir prioridades y
establecer una transición progresiva hacia tecnologías que cumplan con los
criterios de seguridad promovidos por Washington.
Cómo funcionará el nuevo centro de
ciberseguridad
El segundo componente del programa consiste en crear una
estructura centralizada de monitoreo y respuesta ante incidentes digitales. El
centro funcionaría dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y
no de ARSAT.
Entre las tareas previstas figuran la centralización de
registros de seguridad, la instalación de sensores, la detección de
comportamientos anómalos y el análisis conjunto de información sobre posibles
amenazas. También se busca mejorar la coordinación entre organismos cuando se
produzca un ataque o una intrusión.
La propuesta incluye, además, revisar el marco normativo
para determinar las atribuciones del centro, las reglas para compartir
información, las condiciones de almacenamiento de datos y las responsabilidades
de cada dependencia estatal ante un incidente.
Estados Unidos aportaría fondos y capacitación
La convocatoria estadounidense contempla un financiamiento
de hasta US$13,9 millones durante tres años. Cerca de US$5 millones estarían
destinados al diseño de la arquitectura tecnológica, mientras que otros
recursos se orientarían a evaluaciones, organización institucional y formación
de personal especializado.
El plan prevé capacitar a analistas e ingenieros argentinos
para que el sistema pueda operar de manera autónoma una vez concluido el
período de asistencia norteamericana.
Sin embargo, el aporte de Washington no cubriría
necesariamente el costo total de la renovación tecnológica. Según las
condiciones descriptas en el documento, la Argentina debería asumir
principalmente la compra de equipos y programas informáticos, además de los
gastos de funcionamiento del centro. Estados Unidos podría financiar
componentes específicos indispensables para implementar el proyecto.
La disputa tecnológica entre Washington y
Beijing
La negociación se inscribe en una estrategia más amplia de
Estados Unidos para limitar la presencia de empresas chinas en infraestructuras
consideradas críticas. La administración de Donald Trump sostiene que la
selección de proveedores debe contemplar los riesgos de seguridad, además del
costo de los equipos.
En las últimas semanas, el embajador estadounidense Peter
Lamelas volvió a plantear las preocupaciones de Washington sobre el uso de
tecnología china. La discusión también incluye la posibilidad de establecer
requisitos nacionales de seguridad para redes, centros de datos y otros activos
estratégicos.
China, por su parte, rechaza las acusaciones. La Embajada
de ese país en Buenos Aires cuestionó los señalamientos estadounidenses, habló
de una “mentalidad de Guerra Fría” y advirtió sobre los intentos de trasladar
la competencia entre ambas potencias a terceros países.
La modernización de ARSAT avanza por otra vía
En paralelo, ARSAT prepara una licitación pública
internacional por US$49 millones para modernizar parte de su red, con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto está
vinculado con el Corredor Andes-Atlántico y contempla renovar equipamiento de
las redes ópticas y de transmisión de datos, además de ampliar su capacidad.
Aunque ambas iniciativas involucran infraestructura
tecnológica, corresponden a procesos diferentes: el acuerdo de ciberseguridad
apunta al monitoreo y la protección de redes estatales, mientras que la
licitación de ARSAT se concentra en la modernización de su infraestructura de
comunicaciones.
La implementación del programa con Estados Unidos dependerá
de cómo se formalice la cooperación, de las decisiones que adopte el Gobierno
argentino y de los recursos nacionales que se destinen al recambio tecnológico.
Su avance también podría profundizar el debate sobre la seguridad digital y el
papel de los proveedores chinos en sectores estratégicos.
Con base en nota de: infobae.com
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