El Gobierno argentino formalizó una intimación al Reino
Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir
el inicio o la continuidad de actividades de explotación de hidrocarburos
vinculadas con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión fue instruida por el presidente Javier Milei y
contempla, además, el inicio de un procedimiento de arbitraje previsto en el
Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR).
El Gobierno prepara una instancia internacional
De acuerdo con el comunicado oficial, si no hay una
respuesta favorable dentro del plazo establecido, Argentina prevé avanzar ante
el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y solicitar medidas provisionales
para preservar sus derechos sobre la plataforma continental.
El Ejecutivo también pidió impedir el otorgamiento de
nuevos permisos vinculados con la explotación de recursos naturales en áreas
que Argentina considera parte de su plataforma continental.
La Casa Rosada fundamentó su posición en resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 2065 (XX),
que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el
Reino Unido e insta a ambos países a buscar una solución mediante
negociaciones.
Qué plantea Argentina sobre la explotación
petrolera
El Gobierno sostiene que la explotación unilateral de
recursos naturales en las áreas vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes resulta contraria
al derecho internacional.
En el comunicado difundido este lunes, afirmó que esa
actividad genera un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos
de soberanía que Argentina reclama.
El proyecto Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas
Norte, ya había generado nuevas protestas diplomáticas durante septiembre. El
22 de septiembre, la Cancillería presentó una nota formal ante la embajada
británica por la extensión de licencias hidrocarburíferas y cuestionó la
participación de Navitas Petroleum.
También habrá sanciones por vuelos a Malvinas
La nueva medida incluye otro frente relacionado con las
actividades desarrolladas en el archipiélago. El Gobierno informó que detectó
operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas
Malvinas y Punta Arenas, Chile.
Según la información oficial, los vuelos fueron realizados
con una aeronave de matrícula británica sin autorización de las autoridades
argentinas. Por ese motivo, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios,
denuncias penales y gestiones diplomáticas.
La decisión se suma a otras acciones adoptadas durante
septiembre contra empresas y personas vinculadas con actividades
hidrocarburíferas en la zona. El Gobierno ya había iniciado procedimientos
sancionatorios contra decenas de sujetos en el marco de la Ley 26.659.
La disputa vuelve a ocupar un lugar central
La cuestión Malvinas también había sido planteada por Milei
ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre. En esa oportunidad, el
Presidente afirmó que “Malvinas es para la Argentina una causa nacional” y
sostuvo que el país continuará utilizando vías diplomáticas y jurídicas.
Ahora, con la intimación de dos semanas y el anuncio del
procedimiento de arbitraje, la próxima etapa dependerá de la respuesta
británica y de las medidas que adopte el Gobierno argentino una vez vencido el
plazo establecido.
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