La Justicia de Estados Unidos autorizó al fondo Titan Consortium a iniciar desde este lunes 28 de septiembre los procedimientos para localizar activos argentinos y solicitar eventuales embargos con el objetivo de cobrar una sentencia de US$390,9 millones vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

La decisión fue tomada por la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, mediante una orden fechada el viernes 25 de septiembre. El fallo permite avanzar con el proceso de ejecución, aunque no significa que un activo argentino haya sido embargado de manera inmediata.

Qué habilitó la Justicia estadounidense

Titan Consortium podrá comenzar a identificar bienes y activos comerciales de la Argentina que eventualmente puedan quedar alcanzados por medidas judiciales para ejecutar la condena.

El caso figura registrado en tribunales de Washington y Nueva York, aunque los pedidos de embargo no necesariamente deberán tramitarse exclusivamente en esas jurisdicciones, explicó Sebastián Maril, analista especializado en los litigios argentinos en el exterior.

La jueza Cobb consideró que había transcurrido un período suficiente desde la orden de pago. En su resolución sostuvo que, durante los 21 meses posteriores, “al parecer Argentina no ha hecho ningún esfuerzo por pagar la sentencia”.

Una disputa que comenzó con la expropiación

El origen del reclamo se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces controladas por el grupo español Marsans. El conflicto derivó en un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.

En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó posteriormente anularlo, pero el tribunal arbitral rechazó esa solicitud en 2019.

Los derechos vinculados con el litigio pasaron primero de Marsans a Burford Capital y posteriormente a Titan Consortium, que desde 2021 inició distintas acciones ante la Justicia estadounidense para conseguir el reconocimiento y cobro de la sentencia.

La condena quedó firme en Estados Unidos

En diciembre de 2024, la Justicia estadounidense reconoció la sentencia y ordenó a la Argentina pagar US$390,9 millones más intereses.

El Estado argentino apeló durante 2025 y planteó que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años. La Justicia estadounidense, en cambio, estableció que correspondía un período de 12 años.

El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó esa interpretación y fijó como monto ejecutable US$390.907.115,55.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

La autorización judicial abre una nueva etapa: Titan Consortium podrá investigar qué activos argentinos en Estados Unidos podrían estar alcanzados por la sentencia y presentar pedidos concretos de embargo o ejecución.

La medida no determina por sí misma qué bienes serán afectados ni garantiza que el fondo pueda recuperar inmediatamente el dinero. Cada eventual pedido deberá ajustarse a las normas estadounidenses aplicables.

El caso vuelve a poner bajo presión los litigios internacionales derivados de expropiaciones y otros conflictos de la Argentina. Mientras tanto, el Gobierno analiza las herramientas jurídicas disponibles frente a esta nueva instancia del proceso.

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