La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, que había declarado inconstitucional para un caso concreto la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

El tribunal también dispuso el apartamiento de la magistrada del expediente. A partir de ahora, otro juez deberá intervenir en la causa que investiga a un adolescente de 14 años por una tentativa de robo ocurrida el 10 de septiembre en Palermo.

La resolución fue adoptada por unanimidad por los camaristas Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. El expediente había llegado a esa instancia luego de la apelación presentada por fiscales especializados en materia penal juvenil.

Qué sostuvo la Cámara sobre la nueva ley

En su voto, Mahiques consideró que los argumentos utilizados en primera instancia no demostraban que el artículo 1° de la Ley 27.801 fuera incompatible con normas constitucionales o convencionales.

El camarista sostuvo que la decisión de la jueza expresaba, en cambio, una valoración sobre la política criminal elegida por el Congreso. También señaló que el control judicial no permite reemplazar una decisión legislativa por otra por considerar que esta última sería más conveniente.

Franza coincidió con la conclusión, aunque presentó fundamentos propios. Según su análisis, la norma cuestionada no estaba en conflicto con ningún precepto constitucional y la actuación de la magistrada configuraba, a su criterio, un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional”.

Por qué apartaron a la jueza De Marinis

El tribunal también analizó el pedido de apartamiento presentado por la Fiscalía. Mahiques explicó que se trata de una medida excepcional que no puede justificarse únicamente por una discrepancia jurídica.

Sin embargo, consideró que la resolución de De Marinis había evidenciado un “adelanto de posición” sobre la relevancia penal de la conducta atribuida a los adolescentes. Para la Cámara, esa circunstancia generaba un temor objetivo respecto de su imparcialidad para continuar al frente del expediente.

De esta manera, la investigación continuará bajo la intervención de otro magistrado, que deberá resolver los próximos pasos procesales en relación con el adolescente de 14 años.

Cómo comenzó la causa

El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que había sido seguido por un grupo de adolescentes mientras caminaba por la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención de un policía evitó que el supuesto robo llegara a concretarse. De Marinis había considerado que la aplicación del régimen penal juvenil resultaba inconstitucional para ese caso y dispuso el sobreseimiento del adolescente.

La magistrada había aclarado que su decisión no implicaba invalidar de manera general la nueva legislación. También explicó que tomó en cuenta las circunstancias personales del joven, entre ellas su situación educativa y alimentaria, y sostuvo que someterlo a un proceso penal podía resultar regresivo y estigmatizante.

“No es un mensaje de impunidad”, había afirmado De Marinis al defender su resolución. La Ley 27.801, que estableció en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, comenzó a regir el 5 de septiembre.

Con la decisión de la Cámara, el expediente deberá continuar bajo la intervención de un nuevo juez y conforme al régimen penal juvenil vigente. El fallo de segunda instancia deja así sin efecto la resolución que había suspendido su aplicación en este caso concreto.

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