El Gobierno acelera un paquete de obras para reforzar el sistema eléctrico nacional antes del verano, cuando aumenta la demanda y crece el riesgo de cortes de luz.

La estrategia combina sistemas de almacenamiento con baterías, ampliaciones de la red de transporte y nuevas inversiones privadas para mejorar la capacidad de respuesta ante los momentos de mayor consumo.

El anuncio llega después del apagón del 19 de septiembre, que dejó sin servicio a más de 600.000 usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Baterías para responder a los picos de demanda

Una de las principales apuestas son los sistemas de almacenamiento energético conocidos como BESS. Se trata de grandes baterías capaces de acumular electricidad y entregarla cuando la demanda aumenta de manera excepcional.

Las primeras instalaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires comenzarán a entrar en funcionamiento entre octubre y diciembre de 2026. La licitación destinada a esa región contempla una inversión de US$650 millones.

Algunas de las instalaciones ya se encuentran en etapa de pruebas, entre ellas proyectos ubicados en el puerto de Buenos Aires, Almirante Brown y San Fernando.

A nivel nacional, la Secretaría de Energía adjudicó además obras por US$700 millones para incorporar más de 700 MW de almacenamiento distribuidos en siete regiones. La finalización de estos proyectos está prevista por etapas durante 2027.

También buscan ampliar las líneas de alta tensión

El segundo eje del programa está relacionado con el transporte de electricidad. El Gobierno definió 16 proyectos prioritarios, con una inversión estimada de US$6.600 millones.

Las obras contemplan más de 5.600 kilómetros de líneas de alta tensión, destinadas a mejorar el traslado de energía desde las zonas de generación hasta los principales centros de consumo.

Entre las iniciativas aparece AMBA I, un proyecto que apunta a reforzar una zona que concentra alrededor del 40% del consumo eléctrico nacional. La apertura de las ofertas está prevista para el 9 de diciembre y la adjudicación, para comienzos de 2027.

También se proyectan dos líneas de transmisión de 500 kV para conectar Mendoza y Chubut con la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ampliar la capacidad de la red en el largo plazo.

El papel de las empresas privadas

El esquema oficial busca que una parte importante de las nuevas obras sea financiada y ejecutada por empresas privadas. En ese marco, Edesur cerró recientemente un préstamo sindicado por $320 millones con cinco bancos para realizar mejoras en su red de distribución.

Además, una nueva resolución de la Secretaría de Energía estableció que los grandes proyectos industriales y de infraestructura deberán garantizar su propio abastecimiento energético mediante generación propia o contratos de suministro.

La medida apunta especialmente a los emprendimientos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para evitar que el crecimiento de su demanda genere una presión adicional sobre la red existente.

Con la emergencia energética prorrogada hasta diciembre de 2027, el Gobierno apuesta a que las inversiones en almacenamiento, generación, distribución y transporte permitan afrontar los próximos períodos de alta demanda con una red más preparada y reducir la posibilidad de interrupciones masivas.

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