La Justicia de Rafaela volvió a poner en marcha la
licitación de los activos de SanCor, luego de más de dos meses de suspensión.
El proceso contempla la venta de seis plantas industriales y un paquete de
marcas de la histórica cooperativa láctea.
La resolución fue firmada por los camaristas Pablo
Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail, quienes
mantuvieron la estructura general del procedimiento pero introdujeron
modificaciones en las condiciones de venta.
El expediente había quedado frenado desde el 3 de julio,
cuando la Cámara decidió revisar distintas impugnaciones contra el pliego
aprobado por el juez de primera instancia, Marcelo Gelcich.
Un precio base de USD 52,1 millones
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que el
precio mínimo para adquirir el conjunto de los activos seguirá siendo de USD
52,1 millones.
De ese monto, USD 27,4 millones corresponden a las seis
unidades productivas y otros USD 24,7 millones al paquete de marcas.
La Cámara también habilitó que el eventual comprador pueda
pagar en pesos, utilizando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco
Nación correspondiente al día hábil anterior.
Cambios en las condiciones de la licitación
El tribunal modificó además algunos aspectos vinculados con
las tasaciones. La valuación técnica dejará de tener carácter meramente
orientativo y deberá ser ampliada por el tasador oficial, Pablo Bacchetta.
El profesional deberá informar el valor probable de venta
de cada planta y del conjunto, además de contemplar el impacto que tuvo el
incendio registrado el 7 de junio en la planta de Sunchales.
Otro cambio apunta a facilitar el acceso a la información.
Los informes de valuación y sus papeles de trabajo quedarán disponibles en el
expediente sin restricciones ni costos adicionales para su consulta.
La Cámara consideró que limitar ese acceso podía reducir la
cantidad de interesados y afectar la competencia entre los potenciales
compradores.
Qué empresas están interesadas
Antes de la suspensión, 10 empresas habían adquirido el
pliego para participar de la licitación. Entre ellas aparecen compañías
vinculadas al sector lácteo y otros inversores interesados en los activos.
Entre los nombres mencionados figuran Savencia, Adecoagro,
Punta del Agua, Elcor y La Tarantela, además del empresario Gustavo Scaglione.
Quienes ya habían comprado el pliego conservarán su
condición de participantes y no deberán realizar nuevamente ese pago para
continuar en el proceso.
La disputa por las marcas
Uno de los principales puntos de conflicto estuvo
relacionado con Mendicrim y Santa Brígida, además de la planta de Sunchales.
Esos activos aparecen vinculados a fideicomisos en garantía constituidos en
2016.
La Cámara resolvió que esos bienes continúen dentro de la
licitación, pero estableció que el comprador no podrá recibirlos de manera
definitiva antes de que la Justicia resuelva la controversia sobre su
titularidad.
El fallo sostiene que “una cláusula de un pliego no puede
sustituir a una sentencia que todavía no existe” y dispuso un mecanismo para preservar
el valor de esos activos mientras avanza la discusión judicial.
La parte del precio correspondiente a las marcas
involucradas quedará depositada en una cuenta judicial hasta que exista una
definición sobre su situación.
El impacto sobre trabajadores y acreedores
La venta tiene consecuencias para una estructura
empresarial que atraviesa una profunda crisis. Actualmente, el proceso
involucra a 914 trabajadores y más de 1.500 acreedores.
Desde que se decretó la quiebra, en abril de este año, 736
empleados fueron desvinculados, de acuerdo con los datos consignados en el
expediente.
La Justicia también remarcó que la demora genera costos
adicionales para la quiebra y puede afectar el valor de los activos que deben
ser vendidos.
Una cooperativa que terminó en quiebra
SanCor fue declarada en quiebra el 22 de abril de 2026,
después de que la propia empresa solicitara esa medida ante la imposibilidad de
sostener el proceso concursal.
La cooperativa había iniciado un concurso preventivo en
febrero de 2025, pero acumulaba una deuda superior a USD 120 millones y
alrededor de 300 pedidos de quiebra presentados por acreedores.
En su etapa de mayor expansión llegó a operar 14 plantas y
emplear a unas 4.000 personas. Al momento de la quiebra, solo seis
establecimientos permanecían activos.
Con la decisión de la Cámara, la licitación podrá continuar
bajo las nuevas condiciones y los interesados podrán avanzar hacia la
presentación de ofertas. El próximo objetivo judicial será completar las
tasaciones y garantizar que la venta permita obtener el mayor valor posible
para los acreedores, mientras se preservan los activos cuya titularidad
continúa en discusión.
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