El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri deberá afrontar nuevos procesos judiciales mientras cumple una condena firme de ocho años por delitos contra la administración pública.

El dirigente peronista permanece alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, donde cumple la pena. En paralelo, la Justicia entrerriana avanza con otras investigaciones que podrían llevarlo nuevamente ante un tribunal.

Un juicio por contrataciones bajo investigación

Uno de los expedientes ya fue elevado a juicio y está relacionado con presuntas negociaciones incompatibles con la función pública durante la gestión de Urribarri.

La investigación analiza los vínculos entre el Estado provincial y la empresa Relevamientos Catastrales, que habría obtenido distintos contratos para la provisión de software y servicios.

El expediente contempla licitaciones, modificaciones contractuales, prórrogas y contrataciones directas. La acusación sostiene que en esas operaciones podrían haberse producido sobreprecios y omisiones de controles administrativos.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen además que habría existido un mecanismo destinado a beneficiar a la compañía y provocar un perjuicio económico al Estado. Para los acusadores, también habría existido un circuito de pagos vinculados con esas contrataciones.

La Fiscalía anticipó que solicitará diez años de prisión para Urribarri y los demás acusados. La defensa, en tanto, había intentado llevar la discusión a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario.

El planteo fue rechazado recientemente por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por lo que el proceso quedó encaminado hacia la etapa de juicio oral, a la espera de que se establezca la fecha de las audiencias.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El segundo expediente tiene como eje el supuesto enriquecimiento ilícito del exmandatario.

La denuncia fue presentada en diciembre de 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, poco después de que Urribarri terminara su segundo mandato como gobernador y asumiera como presidente de la Cámara de Diputados provincial.

La investigación busca determinar si durante sus años al frente de la provincia se produjo un incremento patrimonial que no podría ser explicado por sus ingresos declarados.

De acuerdo con las estimaciones incorporadas a la causa, la Fiscalía calculó un supuesto enriquecimiento cercano a 7 millones de dólares.

El expediente atravesó distintas instancias durante la última década. La investigación fiscal concluyó en 2025 y en marzo de 2026 comenzaron las audiencias destinadas a definir su eventual elevación a juicio.

Los planteos realizados por la defensa generaron demoras en esa etapa. El trámite está previsto que se retome a mediados de octubre y, una vez finalizada esa instancia, se determinará si el expediente queda en condiciones de llegar a un tribunal.

También está mencionado en la causa Contratos II

Urribarri además fue notificado en otra investigación relacionada con presuntas contrataciones irregulares de personal en la Legislatura de Entre Ríos.

El expediente analiza un supuesto mecanismo mediante el cual empleados temporarios habrían cobrado fondos públicos que posteriormente eran administrados por terceros. La hipótesis fiscal sostiene que quienes figuraban como contratados recibían solamente una parte del dinero.

La investigación estima que el perjuicio provocado al Estado entre 2008 y 2018 habría alcanzado los $392 millones a valores históricos.

El proceso fue dividido en dos etapas. En “Contratos I” se investiga a quienes habrían tenido participación operativa en la maniobra, entre ellos Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.

La segunda etapa, denominada “Contratos II”, apunta a establecer eventuales responsabilidades políticas dentro de la estructura legislativa. Allí aparece mencionado el exgobernador.

El delito atribuido en esta instancia es peculado imprudente o doloso, cuya sanción máxima prevista es una multa y no contempla pena de prisión.

Para avanzar contra los presuntos responsables políticos, primero deberá acreditarse judicialmente la existencia del perjuicio al Estado en la causa principal. Urribarri ya fue notificado y designó abogado defensor.

Mientras tanto, el exgobernador continúa cumpliendo su condena firme de ocho años y deberá afrontar el avance de estos expedientes, que podrían definir nuevas instancias judiciales durante los próximos meses.

#SergioUrribarri #EntreRíos #Corrupción #Justicia #Política