El Gobierno de Bolivia denunció el desvío irregular de 22 millones de litros de combustible en apenas un mes, una maniobra que habría afectado principalmente a los mercados de La Paz y Santa Cruz.

La investigación surgió a partir de la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde las autoridades identificaron a unas 30 personas que presuntamente participaron de modificaciones o vulneraciones en los sistemas de control.

El volumen detectado representa unos 200 millones de bolivianos, equivalentes a alrededor de USD 15,8 millones. Si ese combustible hubiera sido comercializado en el mercado ilegal, su valor podría superar los 400 millones de bolivianos, cerca de USD 31,6 millones.

Detectaron fallas en el sistema de control

El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, explicó que el hallazgo expuso un deterioro significativo de los mecanismos de fiscalización dentro de la ANH.

“Los 22 millones de litros de combustible” desvíados reflejan, según el funcionario, “el grado de desintegración de los controles” de la agencia.

La revisión informática realizada durante la primera semana de intervención permitió encontrar nueve tipos de vulnerabilidades. Entre ellas, Justiniano mencionó la existencia de “puertas traseras” que habrían permitido a personas externas intervenir en los despachos de combustible.

Los desvíos se concentraron principalmente en La Paz y Santa Cruz. En este último departamento, uno de los principales centros económicos del país, la demanda alcanza unos tres millones de litros diarios.

Hay funcionarios entre los investigados

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que entre las personas identificadas aparecen funcionarios de la actual administración y de gobiernos anteriores.

Los presuntos responsables de las modificaciones en los sistemas deberán responder ante la Justicia, sostuvo Blanco: “Van a tener que pagar sus culpas”.

El Gobierno aseguró, al mismo tiempo, que el abastecimiento de combustibles está “garantizado” gracias a los cambios implementados en los mecanismos de fiscalización y distribución.

Intervención de la ANH y de la petrolera estatal

El presidente Rodrigo Paz dispuso el 3 de septiembre la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos luego de detectar deficiencias en los controles, especialmente en el sistema utilizado para distribuir los combustibles.

La medida fue establecida mediante el decreto 5699 y tendrá una duración inicial de 180 días. El plazo puede extenderse una única vez por otros 90 días o finalizar antes si desaparecen las causas que motivaron la intervención.

Un día antes, el Ejecutivo también había dispuesto la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 180 días. Una comisión integrada por cuatro ministerios y el Viceministerio de Transparencia quedó a cargo de supervisar el proceso.

La escasez de combustible golpea al país

La investigación ocurre en medio de una crisis de abastecimiento que afecta desde hace tiempo a los consumidores bolivianos.

El país importa aproximadamente el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que utiliza. El gasto semanal destinado a esas compras ronda los USD 90 millones.

Desde 2024 se registraron dificultades para conseguir combustible, con largas filas de vehículos en las estaciones de servicio. Durante mayo y junio, los bloqueos de rutas por protestas sociales agravaron todavía más la distribución.

En las últimas semanas volvieron a registrarse extensas esperas, principalmente por la falta de diésel.

El Gobierno promete llevar los casos a la Justicia

Paz aseguró que las irregularidades detectadas serán remitidas a los organismos correspondientes para determinar responsabilidades.

“Todo hallazgo con posibles responsabilidades irá a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que el objetivo es combatir la corrupción y garantizar el abastecimiento.

La auditoría de la ANH y la investigación sobre las personas identificadas serán ahora determinantes para establecer cómo se produjo el desvío de combustible, quiénes participaron y qué medidas adoptará el Gobierno para evitar que vuelva a ocurrir.

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