El Gobierno argentino anunció nuevas denuncias penales
contra cinco empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la
Plataforma Continental Argentina y anticipó que también buscará responsabilizar
a sus directivos y representantes.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y
se fundamenta en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que regula
las actividades relacionadas con recursos naturales en áreas vinculadas al
territorio nacional.
Qué empresas quedarían alcanzadas
Las nuevas presentaciones incluirán a Rockhopper
Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited,
Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern
Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
El listado incorpora compañías relacionadas con proyectos
de exploración y explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las islas
Malvinas, una actividad que el Gobierno argentino considera contraria a sus
derechos soberanos.
Las denuncias no se limitarán a las sociedades comerciales.
El Ejecutivo también anticipó que serán identificadas las personas que hayan
participado en las decisiones vinculadas con las operaciones cuestionadas.
Directivos, gerentes y representantes también
serán investigados
El alcance anunciado contempla a directores, gerentes,
administradores, representantes y otras personas físicas que hayan intervenido
en las decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas.
Por el momento, la Oficina del Presidente no difundió los
nombres de los ejecutivos que podrían ser incluidos ni precisó ante qué
tribunales se presentarán las acciones.
Las nuevas medidas podrán adoptar dos caminos: ampliar
investigaciones judiciales que ya están en curso o impulsar nuevos expedientes
penales.
El Gobierno volvió a plantear la defensa de la
soberanía
La administración de Javier Milei sostuvo que continuará
utilizando las herramientas legales disponibles para cuestionar actividades que
considere incompatibles con los derechos soberanos argentinos.
El anuncio se conoció después de que el Presidente
anticipara medidas contra empresas vinculadas con operaciones petroleras en el
área de las islas durante su mensaje por cadena nacional.
El comunicado oficial fue fechado el 9 de septiembre de
2026 en la Ciudad de Buenos Aires y lleva la firma de Javier G. Milei.
La nueva ofensiva judicial se suma a otras acciones
impulsadas por el Ejecutivo contra compañías que participan en proyectos
hidrocarburíferos en la zona. La evolución de las presentaciones determinará si
las investigaciones avanzan hacia nuevas imputaciones y eventuales sanciones
para las empresas y personas involucradas.
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