La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que establece nuevas restricciones para participar en elecciones y extiende de seis a siete años los mandatos de los principales cargos públicos.

El texto todavía no entra en vigencia. La legislación nicaragüense establece que las reformas constitucionales deben ser aprobadas en dos períodos parlamentarios, por lo que el oficialismo deberá realizar una segunda votación a partir del 18 de enero de 2027.

La iniciativa genera críticas de gobiernos de la región y organismos internacionales, que cuestionan el impacto de los cambios sobre la competencia electoral y las instituciones democráticas del país.

Qué establece la reforma constitucional

Uno de los puntos centrales impide acceder a cargos electivos a personas que las autoridades consideren “golpistas” o “traidores a la patria”.

La disposición también contempla a opositores que se encuentran exiliados y que, de acuerdo con la interpretación del oficialismo, apoyan sanciones internacionales, solicitan una intervención militar de Estados Unidos o realizan acciones consideradas contrarias a la soberanía nicaragüense.

El dirigente parlamentario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Gustavo Porras, defendió la iniciativa y afirmó que las personas alcanzadas por las nuevas restricciones son aquellas que hayan “incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.

Además, la reforma eleva de seis a siete años la duración de los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios elegidos por voto popular. La misma extensión se aplicaría a los períodos de los jefes del Ejército y la Policía.

El antecedente de los cambios de 2024

La modificación forma parte de una serie de reformas constitucionales promovidas por el oficialismo en los últimos años.

En 2024, el Parlamento ya había extendido de cinco a seis años el período presidencial y había incorporado formalmente a Rosario Murillo como copresidenta, luego de que ocupara la vicepresidencia.

Aquella reforma también modificó el calendario electoral y trasladó para fines de 2027 los comicios que estaban previstos originalmente para 2026.

El nuevo proyecto llega después de que Ortega afirmara públicamente, el 19 de julio, que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua para evitar que la oposición “atrape el Gobierno”.

Rechazo internacional y una crisis que continúa

Las declaraciones del mandatario provocaron una reacción internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación nicaragüense.

Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay expresaron rechazo o preocupación, al igual que la Unión Europea y organismos de Naciones Unidas.

Washington, además, pidió a la comunidad internacional aumentar el aislamiento del gobierno de Managua, mientras distintos países de la región calificaron las medidas como un nuevo retroceso institucional.

Ortega y Murillo buscan consolidar su poder

Ortega, que asumió en enero de 2022 un cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones cuestionadas internacionalmente, gobierna junto a Murillo desde 2017.

El dirigente sandinista acumula casi dos décadas al frente del país y se encuentra entre los gobernantes con mayor permanencia en el poder dentro de América.

La crisis política se profundizó en abril de 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno fue reprimida. Naciones Unidas estimó que más de 300 personas murieron, mientras miles resultaron heridas y una gran cantidad de nicaragüenses abandonó el país.

La segunda votación prevista para enero de 2027 será determinante para definir si los cambios constitucionales quedan definitivamente incorporados al marco legal. Si el oficialismo los ratifica, las nuevas reglas modificarán el escenario electoral y ampliarán el período de los principales cargos del Estado.

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