El Gobierno de Chaco promulgó una ley que incorpora sanciones para quienes creen o difundan contenidos digitales falsos o manipulados mediante inteligencia artificial cuando puedan perjudicar la dignidad, intimidad o reputación de una persona.

La norma es la Ley N° 4250-J, promulgada por el gobernador Leandro Zdero el 26 de agosto, y también alcanza el uso de identidades digitales falsas o ajenas con fines de hostigamiento, daño o fraude.

La legislación incorpora estas conductas al Código de Faltas provincial, bajo el título “Faltas Relativas a Contenidos Digitales Manipulados o Sintéticos”.

Multas y arrestos según la conducta

La creación de un contenido manipulado sin el consentimiento expreso e informado de la persona afectada podrá ser sancionada con hasta 60 días de arresto o una multa de hasta 15 remuneraciones mínimas, equivalente a unos $5.649.000.

Si el material además es difundido, la sanción puede alcanzar los 90 días de arresto o 18 remuneraciones mínimas, que representan aproximadamente $6.778.800.

Las penas aumentan cuando existe violencia de género o intrafamiliar, cuando la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad, o cuando hay una relación de confianza entre el autor y la víctima.

También se contemplan agravantes vinculados con el lucro, la coacción y el daño psicológico grave. En esos casos, las sanciones pueden llegar a 120 días de arresto o 20 remuneraciones mínimas.

Los jueces podrán ordenar el retiro del contenido

La ley también incorpora herramientas para actuar rápidamente frente a una denuncia. Los jueces podrán disponer medidas como la eliminación inmediata de publicaciones, bloqueo de cuentas, prohibición de contacto y restricciones sobre el uso de determinadas plataformas.

Las medidas preventivas de bloqueo o eliminación provisional tendrán un plazo máximo de 24 horas y podrán dirigirse a redes sociales, plataformas digitales, proveedores de internet y servicios de alojamiento.

Además, la normativa establece pautas para preservar pruebas digitales, como mensajes, videos y archivos, mediante procedimientos que permitan acreditar cómo fueron obtenidos, quién tuvo acceso a ellos y qué herramientas se utilizaron.

Qué contenidos quedan fuera de las sanciones

La legislación también contempla límites para evitar que las nuevas sanciones afecten expresiones legítimas. Quedan exceptuadas las producciones realizadas con inteligencia artificial que sean “claramente artísticas, parodias, comentarios o críticas de interés público”, siempre que no puedan confundirse con hechos reales ni tengan como objetivo perjudicar a una persona.

La norma incorpora además capacitación específica en ciberdelitos para magistrados y fiscales, en un contexto de creciente utilización de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes, audios y videos falsos.

“Cada día la tecnología avanza más y muchas veces se podría utilizar para dañar”, sostuvo Magdalena Ayala, una de las impulsoras del proyecto junto al diputado Iván Gyoker. La exlegisladora afirmó que la regulación busca proteger a las víctimas “sin afectar la libertad de expresión ni el uso legítimo de las herramientas digitales”.

Con la entrada en vigencia de esta legislación, la provincia establece un marco específico para abordar la violencia digital y los deepfakes, mientras el uso de inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la Justicia y la protección de la intimidad.

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