La Cámara de Diputados aprobó anoche la iniciativa conocida como Inocencia Fiscal II, que modifica el régimen simplificado de Ganancias y amplía el universo de contribuyentes que podrán utilizarlo.

El proyecto obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, tras una extensa sesión en la que el oficialismo también consiguió avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La propuesta será enviada ahora al Senado, donde deberá atravesar un nuevo debate antes de convertirse en ley.

Qué cambia con Inocencia Fiscal II

Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado administrado por ARCA.

De aprobarse definitivamente, cualquier persona con residencia fiscal en Argentina podrá adherir al sistema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por una presentación más acotada.

El Gobierno sostiene que la reforma busca favorecer la formalización de ahorros que permanecen fuera del circuito económico. Durante el debate se mencionó una estimación de USD 179.000 millones que podrían incorporarse al sistema formal.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió el cambio y afirmó que se busca “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido sus ahorros”.

También remarcó que la iniciativa no impide investigar posibles delitos: “No se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”, sostuvo.

Cómo funcionará el control de ARCA

El proyecto establece nuevas condiciones para que ARCA pueda cuestionar una declaración simplificada. El organismo deberá detectar una diferencia de al menos 15% sobre el impuesto determinado para formular una impugnación.

Además, se fija un margen de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa cuando la diferencia nominal sea igual o menor al 5% del límite previsto por el Régimen Penal Tributario, equivalente a $5 millones.

El contribuyente tendrá también 15 días hábiles para corregir la declaración y pagar el saldo correspondiente antes de que se configure la causal de impugnación.

Otro punto central es la carga de la prueba. El proyecto establece que será ARCA la que deberá acreditar las irregularidades, utilizando información declarada, registros del organismo o datos aportados por terceros.

Exclusión para funcionarios y beneficios para MiPyMEs

Tras las negociaciones con bloques aliados, los funcionarios públicos quedaron fuera de las principales protecciones del régimen.

Quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en alguno de los tres poderes durante los últimos cinco años podrán utilizar el sistema simplificado para declarar y pagar, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a los demás beneficios tributarios.

La iniciativa también contempla una reducción automática del 25% en determinadas multas formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no estén alcanzadas como Grandes Contribuyentes Nacionales.

Desde la oposición cuestionaron el alcance de la reforma y la compararon con un blanqueo. El diputado Martín Lousteau sostuvo que “se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”.

También avanzó el acuerdo entre el Mercosur y Singapur

Durante la misma sesión, Diputados aprobó además el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya había recibido respaldo del Senado en mayo.

La iniciativa consiguió 234 votos a favor y cuatro en contra. Entre sus principales efectos se encuentra la eliminación de aranceles para las exportaciones argentinas hacia Singapur, que pasarían a contar con un acceso del 0%.

El tratado incluye además disposiciones sobre servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas.

Con la media sanción de Inocencia Fiscal II, el próximo escenario será el Senado. Allí se definirá si el Gobierno consigue convertir en ley una reforma que busca reducir controles sobre los contribuyentes adheridos y promover la incorporación de capitales al circuito formal.

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