El Gobierno de Bolivia enfrenta una creciente presión de productores agropecuarios, transportistas y organizaciones rurales por el aumento del precio del diésel destinado a los grandes consumidores.

El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 16 de agosto, elevó el valor de 9,80 a 18 bolivianos por litro, unos 2,6 dólares. En cambio, el precio para transportistas y particulares se mantiene en 9,80 bolivianos.

La medida eliminó el subsidio estatal para los grandes consumidores y fue presentada por el Gobierno como parte de una estrategia para afrontar la crisis de abastecimiento y reducir el costo fiscal de los combustibles.

Productores dieron un plazo al Gobierno

Al menos ocho sectores expresaron públicamente su rechazo a la modificación. Entre ellos figuran productores agrícolas, arroceros, cañeros, transportistas y organizaciones campesinas.

En Santa Cruz, uno de los principales polos agropecuarios del país, productores de cuatro provincias establecieron un plazo de 48 horas para que el Gobierno derogue la norma y anticiparon posibles movilizaciones.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) calificó el decreto como “improvisado” y “discriminador”. Su presidente, Klaus Frerking, también cuestionó que la administración sostenga que la medida fue consensuada con los sectores afectados.

“Si hubiera sido socializado, no tendría todo el aparato productivo nacional, señalando que este decreto no es la solución”, afirmó Frerking.

Advierten por el impacto sobre la producción

El dirigente señaló que los problemas para acceder al combustible ya están afectando distintas tareas del sector agropecuario, entre ellas la preparación de los terrenos, las cosechas y el traslado de alimentos destinados a la ganadería.

“Estamos en una situación dramática”, sostuvo, mientras reclamó que se impulse una mayor utilización de biocombustibles como alternativa.

La CAO convocó para este jueves a un congreso extraordinario en Warnes, Santa Cruz. Allí los productores definirán posibles medidas de presión contra el aumento.

Por su parte, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) advirtió que el incremento podría provocar una caída de la producción si no se implementan mecanismos para compensar el impacto sobre los costos.

Los transportistas también evalúan medidas

El conflicto alcanzó además al transporte. La Confederación de Choferes de Bolivia declaró al sector en estado de emergencia y anunció una reunión nacional para definir los próximos pasos.

Su dirigente, Lucio Gómez, anticipó la posibilidad de adoptar “medidas de presión” y reclamó respuestas tanto por el aumento del diésel como por los problemas de abastecimiento que atraviesa el país.

Bolivia registra desde hace varios años dificultades para garantizar el suministro de combustibles. La menor producción interna y los obstáculos para importar debido a la escasez de divisas profundizaron el problema.

El Gobierno busca alternativas para importar combustible

Mientras crece el rechazo al decreto, el Gobierno intenta ampliar la participación privada en la importación de combustibles para aliviar la falta de suministro.

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibió el lunes ofertas de cinco compañías privadas interesadas en abastecer el mercado interno.

El proceso todavía se encuentra en etapa de evaluación y selección. En paralelo, los sectores afectados preparan nuevas reuniones y podrían definir movilizaciones si el Gobierno no modifica la política aplicada a los grandes consumidores.

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