La Justicia de Chubut ordenó al Gobierno provincial garantizar la compra de carne roja para los internos alojados en dos unidades penitenciarias de Trelew, luego de un reclamo presentado por detenidos por la calidad de los alimentos.

La resolución fue dictada por el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien estableció un plazo de 72 horas para que el Poder Ejecutivo provincial cumpla con la medida.

La decisión generó una fuerte respuesta del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien adelantó públicamente que su administración no acatará el fallo y cuestionó duramente al magistrado.

El reclamo de los internos por la alimentación

El conflicto comenzó a partir de una protesta pacífica realizada por internos, que desde hace varias semanas cuestionan la calidad de las viandas que reciben.

El planteo fue presentado mediante un habeas corpus colectivo impulsado por abogados que representan a los detenidos. Entre los reclamos se encontraba la disminución de alimentos con proteínas dentro de los menúes.

Durante una audiencia, el subsecretario de Justicia provincial, Rodrigo Miquelarena, reconoció que se había reducido la cantidad de proteínas suministradas y señaló que ya existía un expediente administrativo para adquirir carne.

Según explicó el funcionario, ese trámite había sufrido demoras. Ante esta situación, el juez ordenó garantizar la compra de carne roja para las dos unidades penitenciarias de Trelew.

La respuesta de Ignacio Torres

Tras conocerse la resolución, Torres manifestó su rechazo y aseguró que la provincia no cumplirá con la obligación en los términos planteados por el magistrado.

“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”, afirmó el gobernador en declaraciones a Radio Rivadavia.

El mandatario también cuestionó al juez y sostuvo: “Estos jueces garantistas están enquistados en el Poder Judicial ideologizando la justicia”.

En la misma línea, Torres planteó cuestionamientos sobre otras decisiones judiciales vinculadas con los establecimientos penitenciarios y afirmó que algunos magistrados dificultan procedimientos como allanamientos o controles sobre el uso de teléfonos celulares desde las cárceles.

Una disputa entre el Ejecutivo y la Justicia

El gobernador también publicó un mensaje en su cuenta de X en el que criticó la resolución y sostuvo que los magistrados involucrados estarían más preocupados por los derechos de los detenidos que por los de la población.

“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, expresó.

El fallo, en tanto, se fundamentó en el reclamo relacionado con las condiciones de alimentación de las personas privadas de la libertad y estableció un plazo concreto para que el Ejecutivo provincial adopte las medidas ordenadas.

Qué puede ocurrir ahora

La controversia quedó planteada entre el cumplimiento de una resolución judicial y la postura del Gobierno de Chubut, que anticipó su rechazo a la medida.

El plazo de 72 horas dispuesto por el juez será clave para determinar los próximos pasos del expediente y si la administración provincial modifica su posición frente a la orden judicial.

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