El Gobierno de Entre Ríos detectó inconsistencias por más de $100 millones en compras destinadas a comedores escolares de 37 establecimientos de Concordia, a partir de una auditoría sobre partidas de alimentos.

El relevamiento comenzó en junio de 2025 y permitió identificar una diferencia de $103.738.136 entre las facturas presentadas y los remitos correspondientes a la mercadería que debía llegar a las escuelas.

La investigación surgió a partir de controles sobre la cantidad de alumnos que recibían el servicio y los fondos asignados para cubrir desayunos, almuerzos y meriendas.

Facturas, beneficiarios y proveedores bajo análisis

Los auditores encontraron incrementos que no se justificaban en las nóminas de beneficiarios y diferencias entre los recursos transferidos y las necesidades reales de los establecimientos.

También detectaron casos en los que una partida completa habría sido utilizada en un solo día y una concentración significativa de las compras en tres proveedores: “Ahora Voy”, “Flores Sandra” y “Autoservicio Joaquín”.

Durante el proceso de revisión surgieron además inconsistencias en la documentación respaldatoria de los gastos.

Una segunda revisión elevó el monto observado

La coordinadora del área, Silvia Murua, había informado inicialmente que los cuadernos de menú correspondientes a octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores.

Posteriormente fueron presentados nuevos cuadernos acompañados por remitos confeccionados recientemente. Al comparar esa documentación con los consumos registrados durante marzo y abril, los auditores estimaron que había aproximadamente $100 millones en mercadería facturada que no habría sido entregada.

En una conversación con integrantes de la Dirección de Comedores, Murua había expresado: “No sabía que debería sobrar tanta plata”.

Cuando el análisis se amplió a mayo y parte de junio, el informe elevó las inconsistencias detectadas a aproximadamente $146.223.311.

La investigación llegó a la Justicia

A partir de los hallazgos, Murua fue removida de su cargo. Los empleados administrativos que quedaron temporalmente al frente del área solicitaron una reunión con la Dirección de Comedores y aportaron fotografías, videos y audios que, según manifestaron, habían recopilado con anterioridad.

Los trabajadores sostuvieron que habían conservado ese material por temor a consecuencias laborales y dejaron asentado que no habían participado de las presuntas irregularidades.

El expediente judicial tramita actualmente ante la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie, quien requirió información sobre el personal que trabajaba en la Coordinación de Concordia.

También detectaron casos en otros departamentos

El relevamiento no quedó limitado a Concordia. Las auditorías realizadas en otros puntos de la provincia identificaron dos casos de presunta malversación de fondos en Diamante y uno en Villaguay, todos relacionados con partidas destinadas a comedores escolares.

En Gualeguay también se detectó una irregularidad administrativa: un agente de cocina que se encontraba con licencia médica habría continuado trabajando en un establecimiento privado.

Las autoridades calificaron esa situación como una falta administrativa grave y avanzaron con las medidas correspondientes.

Cambiarán el sistema de compra de alimentos

A partir de agosto, el Gobierno provincial anunció una modificación en el funcionamiento de los comedores. 996 establecimientos urbanos y rurales con más de 50 estudiantes dejarán el esquema de tarjetas descentralizadas y pasarán a un sistema de compra centralizada mediante licitación pública.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, explicó que el objetivo es garantizar que los fondos destinados a la alimentación escolar tengan mayores controles y se traduzcan en alimentos de calidad.

“Para que un chico pueda aprender, concentrarse y desarrollar plenamente sus capacidades necesita una alimentación adecuada”, sostuvo la funcionaria.

El Estado asumirá las compras y la logística

El director de Comedores, Lautaro Azzalini, señaló que la reforma busca establecer reglas más claras y otorgar mayores herramientas a los establecimientos.

El nuevo mecanismo trasladará al Estado las tareas de compra y logística que anteriormente recaían sobre los equipos directivos. Además, se pretende mejorar la trazabilidad de los fondos, unificar criterios nutricionales y establecer controles comunes para los establecimientos incluidos en el programa.

El avance de la investigación judicial determinará las eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas, mientras que el cambio en el sistema de compras buscará reducir los riesgos de desvíos y fortalecer el control sobre los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes.

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