La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por la defensa de Juan López Torales y dejó firme la decisión que permite avanzar hacia el juicio oral por un episodio ocurrido en 2014 durante una protesta en la autopista Panamericana.

El comandante de Gendarmería es conocido como el “gendarme carancho” a partir de las imágenes que registraron cómo se arrojó sobre el capó de un automóvil durante una manifestación de trabajadores de la autopartista Lear.

La Justicia lo acusa de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y falso testimonio. La defensa había intentado cerrar la causa al considerar que los delitos estaban prescriptos.

La maniobra quedó registrada en video

El episodio ocurrió el 1° de julio de 2014, en el partido bonaerense de Tigre. Durante una protesta sobre la Panamericana, López Torales tomó carrera y se lanzó contra el vehículo conducido por Cristian Romero.

Las imágenes difundidas posteriormente mostraron la maniobra y se convirtieron en una de las principales evidencias del expediente. El hecho dio origen al apodo de “gendarme carancho”, utilizado para describir a quienes simulan ser atropellados para provocar una situación que no ocurrió.

Después del incidente, otros efectivos rodearon el automóvil y detuvieron a Romero. La investigación también incorporó el testimonio de López Torales, quien sostuvo que había sido atropellado.

La investigación avanzó durante años

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales en mayo de 2016. Esa decisión posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

La causa fue elevada a juicio en 2024, pero la defensa buscó evitar el debate oral mediante un planteo de prescripción.

El pedido fue rechazado primero por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal. Ante esa situación, la defensa recurrió a la Corte Suprema.

Qué resolvió la Corte Suprema

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron este jueves la presentación de la defensa.

De esta manera, quedó firme el rechazo al planteo de prescripción y la causa podrá avanzar hacia el juicio oral contra López Torales.

El expediente investiga tanto la privación de la libertad de Romero, agravada por violencia, como el supuesto falso testimonio vinculado con la versión que el efectivo brindó sobre el episodio.

También fueron investigados otros funcionarios

La investigación incluyó además al entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni, actualmente legislador provincial, y al coronel Roberto Galeano, señalado por manifestantes por una presunta infiltración previa entre los trabajadores.

Por su parte, Cristian Romero inició una demanda contra el Estado por daños y perjuicios derivados del episodio.

En esa presentación describió que el efectivo se arrojó sobre el capó de su Chevrolet y provocó daños en el vehículo. También relató una detención en la que, según su denuncia, fue golpeado y reducido por varios agentes.

“Sin que nada lo hiciera suponer, me encontraba detenido”, sostuvo Romero en su relato judicial, al cuestionar la versión que había dado origen al procedimiento.

Con la decisión del máximo tribunal, el proceso judicial deja atrás el intento de la defensa de cerrar la causa por el paso del tiempo y queda encaminado hacia una instancia de debate oral, más de una década después del episodio ocurrido durante aquella protesta.

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