Gendarmería de Chile concretó el traslado de 687 presos desde el Centro de Justicia de Santiago hasta la cárcel de alta seguridad La Laguna, ubicada en Talca, a unos 260 kilómetros al sur de la capital.

Entre los internos reubicados figuran al menos nueve líderes de organizaciones criminales, incluidos integrantes vinculados al Tren de Aragua y a la mafia albanesa.

El operativo, denominado “Operación Cancerbero”, contó con la participación de Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). El desplazamiento fue seguido mediante un amplio dispositivo de seguridad que incluyó helicópteros.

El modelo de seguridad que impulsa Kast

El presidente chileno José Antonio Kast supervisó la operación y la calificó como un “día histórico”. El mandatario sostuvo que el objetivo es recuperar el control estatal dentro de las cárceles y avanzar contra el crimen organizado.

“No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, afirmó Kast durante la jornada.

El Gobierno también anunció nuevas restricciones para los internos considerados de alta peligrosidad. Entre ellas figuran el uso obligatorio de uniforme, la prohibición de encomiendas y un sistema de visitas mediante locutorios.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que los principales líderes criminales no podrán continuar utilizando los establecimientos penitenciarios para impartir órdenes. “En las cárceles manda el Estado, no los criminales”, afirmó.

Una cárcel con capacidad para más de 2.000 internos

La prisión La Laguna fue inaugurada en 2025 y dispone de 14 módulos de reclusión distribuidos en una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados.

El complejo tiene capacidad máxima para 2.320 personas y cuenta con un sistema de segregación especial para internos de mayor peligrosidad. También incorpora mecanismos para bloquear las comunicaciones telefónicas desde el interior.

El Gobierno chileno busca utilizar el establecimiento dentro de una estrategia más amplia contra el crimen organizado. Las autoridades estiman que existen cerca de 65.000 personas privadas de libertad en el país, frente a unas 42.000 plazas penitenciarias disponibles.

La oposición cuestionó el operativo

La transmisión en vivo del traslado generó críticas de sectores opositores, que cuestionaron la exposición pública de la operación y compararon la estrategia con las políticas penitenciarias del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, calificó la puesta en escena como una “estrategia de marketing” y sostuvo que podía tener un objetivo político.

“Chile no es El Salvador”, afirmó el legislador, al cuestionar la decisión de mostrar públicamente el operativo.

El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, también habló de una “puesta en escena” y cuestionó que las autoridades locales de Talca no hubieran sido informadas previamente sobre el despliegue.

La controversia abrió así un debate sobre la política penitenciaria del gobierno de Kast: mientras el oficialismo presenta la nueva cárcel y el traslado de los presos como parte de una recuperación del control estatal, la oposición cuestiona el componente comunicacional del operativo y su similitud con el modelo de seguridad de El Salvador.

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