La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por la quinta de Pilar, valuada en unos US$17 millones y vinculada en la investigación con presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, vuelva al fuero federal de Campana.

El tribunal consideró que la pesquisa por presunto lavado de activos corresponde a la Justicia Federal y no al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión dispone que el expediente sea remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo envíe nuevamente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Qué resolvió Casación

Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron a favor de devolver la investigación al ámbito federal, mientras que Alejandro Slokar planteó una disidencia por cuestiones formales.

Sin embargo, incluso Slokar coincidió en un punto central: el delito de lavado de activos corresponde a la Justicia Federal y no al fuero Penal Económico.

El fallo, de 83 carillas, sostuvo que la competencia de los tribunales especializados debe estar determinada por la ley. En ese sentido, los magistrados remarcaron que el artículo 303 del Código Penal, referido al lavado de activos, no asigna su investigación al fuero Penal Económico.

El origen de la investigación

La causa comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y Ana Conte, propietarios de la sociedad Real Central, que adquirió la propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar.

La denuncia planteó dudas sobre la capacidad económica de los compradores para afrontar una operación de ese valor y señaló que podrían actuar como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA.

Durante un allanamiento también fueron encontrados objetos que, de acuerdo con la investigación, pertenecerían al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Una investigación que pasó por distintos fueros

El expediente tuvo distintos movimientos judiciales desde su inicio. El juez federal Daniel Rafecas había enviado la causa al fuero Penal Económico, pero posteriormente surgieron planteos sobre qué jurisdicción debía continuar con la investigación.

En junio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico había resuelto que el expediente quedara en el Juzgado Penal Económico 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa de los acusados apeló esa decisión y el conflicto de competencia llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora modificó ese criterio y ordenó el regreso del expediente a Campana.

Qué pasará con las pruebas

Casación aclaró que el cambio de fuero no implica invalidar las medidas realizadas hasta el momento ni obliga a comenzar nuevamente la investigación.

El tribunal indicó que la decisión tampoco debe significar una demora en el proceso ni afectar las pruebas existentes o aquellas que todavía deban producirse.

De esta manera, el juzgado federal de Campana deberá retomar la investigación y avanzar en el esclarecimiento de los hechos bajo la hipótesis de un posible delito de lavado de activos.

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