La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitó al exjefe de Gabinete que explique el origen de los fondos utilizados para afrontar propiedades, viajes, obras y distintos gastos familiares.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N° 4, tiene 207 fojas y contiene 20 puntos que Adorni deberá responder. La intimación alcanza también a su pareja, Bettina Julieta Angeletti, y contempla el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Uno de los principales aspectos observados por la fiscalía son los pagos realizados en efectivo. El análisis detectó desembolsos por $51.715.080,41 y US$374.081,66 durante el período investigado.

El uso de dólares en efectivo

La fiscalía puso especial atención en las operaciones realizadas en moneda estadounidense. Mientras el efectivo representó cerca del 19% de los gastos en pesos, alcanzó el 92,9% de las erogaciones en dólares.

En total, los gastos registrados durante el período llegaron a $272.820.832,20 y US$402.578,12. De ese universo, una parte significativa fue abonada directamente en efectivo.

Pollicita también pidió explicaciones sobre una tenencia superior a US$500.000 declarada por Adorni. El exfuncionario deberá precisar cómo obtuvo esas divisas y aportar documentación sobre la mencionada “venta de activos” que habría generado parte de esos recursos.

Una diferencia entre ingresos y gastos

Otro de los puntos centrales del informe es la diferencia detectada entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar.

Según el análisis incorporado al expediente, Adorni y Angeletti registraron ingresos por $229.752.283,20. En el mismo período, los gastos alcanzaron $272.820.832,20.

La diferencia asciende a $43.068.549, un monto que la fiscalía busca que sea explicado dentro de la investigación patrimonial.

También se observó un fuerte incremento de las deudas declaradas. El pasivo pasó de $92.440.268,79 a $317.312.719,68, principalmente por la incorporación de cuatro obligaciones en dólares con particulares.

Una propiedad y US$245.000 en refacciones

El requerimiento incluye además operaciones vinculadas con inmuebles. Uno de los casos señalados corresponde a una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La fiscalía investiga particularmente el pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación. Adorni deberá identificar el origen de cada suma y presentar documentación respaldatoria.

También deberá explicar cómo fueron financiadas la compra del lote, la incorporación de mejoras y otros gastos asociados al emprendimiento.

Otro inmueble incluido en el análisis es un departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. El pedido contempla tanto la adquisición de la propiedad como el dinero destinado a muebles y otras mejoras.

Viajes y otros gastos bajo análisis

Los investigadores también revisaron los viajes realizados por el grupo familiar entre 2024 y 2026. Entre los destinos aparecen Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos.

El expediente registra gastos en pasajes, alojamiento y consumos. Entre ellos figuran US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España y US$6.055 en Estados Unidos.

También fueron analizados viajes dentro del país, con estadías en Bariloche, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca y Chapelco. La fiscalía busca determinar el origen del efectivo utilizado para cubrir parte de esos gastos.

Qué deberá responder Adorni

El requerimiento alcanza además los movimientos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y operaciones con criptomonedas.

La fiscalía detectó 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por más de $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados con los registros disponibles.

También fueron observadas 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coincidirían con los montos consignados en los comprobantes.

Ahora, Adorni cuenta con 15 días para presentar sus explicaciones y aportar la documentación correspondiente. El procedimiento busca determinar si las diferencias detectadas pueden ser justificadas y establecer, en caso de corresponder, nuevas medidas dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Con base en nota de: Bruno Yacono – infobae.com

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