El enfermero Nicolás Gastón Cichero, acusado de agredir
física y verbalmente a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata,
se negó a declarar durante la audiencia judicial y seguirá detenido. La
Justicia lo investiga por lesiones graves, coacción y amenazas, delitos que
podrían derivar en una condena de entre 3 y 16 años de prisión si es hallado
culpable.
El hombre, de 37 años, permanece alojado en la Alcaldía
Penitenciaria de Batán luego de su detención, ordenada tras el avance de la
causa y la incorporación de nuevas pruebas médicas sobre el estado de una de
las víctimas.
Qué declaró el acusado
Tras ser indagado, Cichero decidió no responder preguntas
sobre las agresiones registradas en los videos que dieron origen a la
investigación. Únicamente negó haber amenazado a una excompañera del
geriátrico, quien había advertido a los responsables del establecimiento sobre
los presuntos maltratos.
El fiscal Carlos Russo explicó que el acusado enfrenta
cargos por lesiones graves agravadas, coacción y amenazas, figuras penales que,
al concurrir en forma real, elevan la expectativa de pena hasta un máximo de 16
años de prisión.
La investigación se agravó tras un informe
médico
Uno de los elementos que modificó la situación judicial del
enfermero fue el resultado de una evaluación odontológica practicada a una de
las residentes, de 83 años.
El informe confirmó que la mujer perdió sus dos dientes
incisivos superiores como consecuencia de las agresiones, una lesión que
compromete la alimentación y aumenta el riesgo de broncoaspiración debido a su
edad. Esa conclusión llevó a que la causa pasara de lesiones leves a lesiones
graves, lo que motivó el pedido de detención.
Analizan nuevas pruebas y el geriátrico fue
clausurado
La fiscalía continuará revisando las cámaras de seguridad
del establecimiento para determinar si existieron otros episodios de violencia
contra residentes, además de los registrados en las filmaciones que se hicieron
públicas.
En paralelo, el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del geriátrico al detectar
irregularidades administrativas y sanitarias, entre ellas la falta de
renovación de la habilitación provincial, la presencia de personas menores de
65 años y deficiencias en el tratamiento de residuos patogénicos.
Mientras tanto, la defensa del acusado anticipó que
solicitará la excarcelación en los próximos días. La fiscalía dispone ahora del
plazo legal para definir si pide la prisión preventiva mientras continúa la
investigación por uno de los casos de maltrato a adultos mayores que mayor
repercusión generó en los últimos días.
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