La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner amplió el equipo de abogados que lleva adelante su defensa en la causa Vialidad. El objetivo es avanzar con una estrategia jurídica en tribunales y organismos internacionales luego de que la condena por administración fraudulenta quedara firme en la Justicia argentina.

El nuevo integrante del equipo es el abogado brasileño Rafael Valim, especialista en Derecho Público y Constitucional, quien trabaja junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en distintos asuntos jurídicos.

La estrategia apunta al plano internacional

Valim participará en la elaboración de las presentaciones con las que la defensa buscará cuestionar la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la exmandataria.

El jurista trabajará en conjunto con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo de España, quien también integra el equipo legal.

Qué argumentará la defensa

En declaraciones al medio brasileño Metrópoles, Valim adelantó que en los próximos días presentarán en Buenos Aires la estrategia que impulsarán ante organismos internacionales.

Además, sostuvo que, a su criterio, Cristina Kirchner fue víctima de "graves violaciones de derechos humanos fundamentales", argumento que buscarán exponer en las futuras presentaciones fuera del país.

Un especialista con experiencia internacional

Rafael Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con más de dos décadas de trayectoria académica y profesional.

También es coautor del libro Lawfare: una introducción, escrito junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

El contexto de la causa Vialidad

La incorporación del abogado brasileño se produce después de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad y rechazara distintos recursos presentados por la defensa.

Además de la pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la sentencia ratificó el decomiso de bienes por $685.000 millones, monto que la Justicia determinó como parte del perjuicio ocasionado al Estado. Con los recursos internos agotados, la defensa buscará ahora trasladar el caso al ámbito internacional.

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