El Gobierno nacional anunció que realizará controles en establecimientos educativos de todo el país durante el paro docente de mañana, para verificar el cumplimiento del servicio mínimo previsto por la Ley 27.802. Advirtió además que aplicará sanciones a los gremios si detecta incumplimientos.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que las inspecciones serán aleatorias y estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Monitoreos durante la jornada de paro

De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo será constatar si durante la medida de fuerza se garantiza el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como sostiene la normativa invocada por el Ejecutivo.

La cartera nacional indicó que, si durante los controles se comprueba el incumplimiento de ese porcentaje, se activarán los procedimientos previstos para aplicar las sanciones correspondientes a las entidades sindicales.

Los reclamos que impulsan la medida de fuerza

El paro fue convocado por CTERA en el marco del conflicto por la paritaria nacional docente y los reclamos salariales.

Entre las principales demandas figuran la convocatoria a una negociación salarial, la actualización de los haberes, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

La CGT no adherirá con un paro

Los gremios docentes nucleados en la CGT optaron por un esquema diferente de protesta y anunciaron un plan de lucha sin interrupción de clases.

Las acciones previstas incluyen trabajo a reglamento, jornadas informativas sobre la situación del sistema educativo y una movilización cuyo recorrido será definido junto a las autoridades nacionales.

La discusión por la esencialidad de la educación

El Gobierno fundamentó los controles en el artículo 101 de la Ley 27.802, que considera a la educación como un servicio esencial y establece la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento durante las medidas de fuerza.

Sin embargo, la aplicación de esa disposición también forma parte de una disputa judicial. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió temporalmente la declaración de esencialidad, aunque el Gobierno apeló esa resolución y mantiene su postura de avanzar con los controles anunciados para este lunes.

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