El Gobierno nacional ratificó que, ante el paro docente convocado para el lunes 3 de agosto, los gremios deberán asegurar el funcionamiento de al menos el 75% del servicio educativo, en cumplimiento de la Ley de Modernización Laboral que declaró a la educación como un servicio esencial.

La advertencia oficial antes del paro

A través del Ministerio de Capital Humano y de las Secretarías de Educación y de Trabajo, el Ejecutivo recordó que la Ley N.º 27.802 establece la obligación de garantizar una prestación mínima durante las medidas de fuerza.

Desde la cartera nacional señalaron que el objetivo es proteger "el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles" y remarcaron que el incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones previstas por la legislación vigente.

La medida de fuerza fue convocada por CTERA para el próximo lunes, en reclamo de la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo.

Los reclamos de los sindicatos

La organización sindical sostiene que el Gobierno mantiene congelado el salario mínimo docente y denuncia un proceso de desfinanciamiento de la educación pública.

Entre los principales pedidos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo, mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, conectividad y programas socioeducativos.

Además, CTERA manifestó su rechazo a una eventual reforma jubilatoria y cuestionó el proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa.

La CGT anunció otro esquema de protesta

En paralelo, los gremios docentes que integran la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), anunciaron un plan de lucha que no incluirá un paro de actividades.

Las acciones contemplan trabajo a reglamento, clases informativas sobre la situación educativa, volanteadas, semaforazos y una movilización frente al Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Los detalles serán presentados oficialmente en una conferencia de prensa prevista para el lunes.

La discusión también continúa en la Justicia

La aplicación de la norma que declara esencial a la educación también se encuentra bajo análisis judicial. Sindicatos docentes cuestionaron la constitucionalidad de esa disposición y promovieron una demanda para dejarla sin efecto.

Si bien una medida cautelar suspendió temporalmente la declaración de esencialidad, el Gobierno apeló esa resolución y sostiene que la obligación de garantizar un porcentaje mínimo de actividad continúa vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Con este escenario, el inicio de agosto estará marcado por un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios docentes, mientras miles de estudiantes y familias permanecen atentos al alcance que tendrá la medida de fuerza en cada jurisdicción.

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