Venezuela formalizó en las últimas horas su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión con la que deja de reconocer la jurisdicción del tribunal en medio de la controversia por las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a funcionarios del país.

El gobierno argumentó falta de imparcialidad

La decisión fue comunicada oficialmente ante las Naciones Unidas y presentada por el gobierno venezolano como una respuesta a lo que considera una actuación parcial de la Corte Penal Internacional.

El canciller Félix Plasencia sostuvo que la CPI actuó con criterios selectivos y cuestionó que gran parte de sus investigaciones se hayan concentrado en países de África y América Latina. Según afirmó, el tribunal fue utilizado para fines políticos y vulneró principios como la soberanía y la autodeterminación de los Estados.

Además, el funcionario aseguró que la salida del organismo representa un rechazo a la utilización de la justicia internacional como herramienta de persecución política, concepto que el gobierno venezolano vinculó al denominado "lawfare".

Una decisión respaldada por el Parlamento

La desvinculación de la CPI se concretó luego de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad, en diciembre pasado, la derogación de la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal internacional.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la medida al afirmar que busca denunciar el funcionamiento de un organismo que, a juicio del oficialismo, perdió independencia y credibilidad.

La decisión también se produjo después del cierre de la oficina técnica que la Corte Penal Internacional mantenía en Caracas, debido a la falta de avances en las investigaciones internas exigidas por el principio de complementariedad.

El origen del conflicto con la Corte Penal Internacional

La investigación de la CPI sobre Venezuela comenzó en 2018 tras una remisión presentada por varios países. El expediente se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

El gobierno venezolano intentó frenar el proceso argumentando que la Justicia nacional estaba investigando los hechos denunciados. Sin embargo, en 2023 la Corte rechazó ese planteo y autorizó la continuidad de la investigación internacional.

En 2020, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, había señalado que existían fundamentos razonables para investigar a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad por presuntos delitos de lesa humanidad.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

La notificación de retiro fue entregada por el canciller Félix Plasencia al secretario general de la ONU, António Guterres, por instrucción del gobierno venezolano.

Aunque Caracas sostiene que mantiene su compromiso con la justicia internacional, la salida de la Corte Penal Internacional profundiza el conflicto institucional con el tribunal y abre un nuevo escenario en torno a las investigaciones que involucran a exfuncionarios y autoridades del país.