Paraguay inició una investigación penal por ataques cibernéticos contra redes estatales tras una denuncia del Ministerio de Tecnología.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una causa para investigar las intrusiones detectadas en sistemas informáticos del gobierno paraguayo.

La investigación quedó en manos de la fiscal especializada en delitos informáticos Irma Llano, luego de la denuncia presentada por el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate.

El expediente busca determinar el origen de los accesos no autorizados, posibles robos de información, interrupciones de servicios digitales y otras actividades consideradas ilegales.

Acusaciones internacionales y tensión diplomática

El caso tomó dimensión internacional luego de que Paraguay y Estados Unidos difundieran una declaración conjunta en la que señalaron a grupos vinculados al gobierno chino como responsables de las infiltraciones.

Entre las amenazas mencionadas aparece el grupo de ciberespionaje conocido como Flax Typhoon, que ya había sido relacionado con una intrusión detectada en 2024 contra sistemas de la Cancillería paraguaya.

Las autoridades indicaron que la atribución de los ataques se realizó mediante análisis técnicos que incluyen patrones de operación, herramientas utilizadas, horarios de actividad y otros elementos digitales.

China rechazó las acusaciones

El gobierno chino negó las denuncias y calificó de infundados los señalamientos realizados por Paraguay y Estados Unidos.

A través de un comunicado emitido por el Consulado General de China en São Paulo, Beijing expresó su rechazo a las acusaciones y cuestionó la declaración conjunta entre ambos países.

La situación ocurre en un contexto particular: Paraguay mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán desde 1957 y es actualmente el único país de Sudamérica que reconoce oficialmente a la isla.

Un desafío para la investigación judicial

Las autoridades paraguayas sostienen que los ataques forman parte de un escenario de ciberespionaje que busca obtener grandes volúmenes de información y no necesariamente un único dato específico.

El MITIC informó que parte de la evidencia técnica permanecerá bajo reserva para evitar afectar la seguridad nacional y el avance de las pesquisas.

La Fiscalía deberá enfrentar las dificultades habituales de este tipo de investigaciones, como la identificación de responsables en otros países, la cooperación internacional y la protección de información sensible.

El proceso continuará con la participación de especialistas en delitos informáticos, técnicos del MITIC y organismos internacionales de ciberseguridad para determinar el alcance de los ataques y las posibles responsabilidades.

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