La violencia contra docentes en Ecuador sumó reclamos internacionales tras los homicidios de dos profesoras y las denuncias de amenazas en escuelas.

Organismos educativos exigieron respuestas al Estado

La Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su preocupación por los asesinatos de las docentes Isabel Carchi y Adriana Sáenz, y pidió investigaciones para esclarecer ambos casos.

El organismo regional, que representa a sindicatos y trabajadores de la educación de distintos países, manifestó su respaldo a las familias de las víctimas y a la Unión Nacional de Educadores (UNE).

La entidad advirtió que la inseguridad que afecta al sector educativo pone en riesgo las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de estudiantes y docentes.

Los crímenes que encendieron las alarmas

Uno de los casos ocurrió el 1 de julio de 2026, cuando Adriana Sáenz, profesora de educación física, fue asesinada en el sector de La Roldós, en el norte de Quito.

La docente fue atacada cuando se dirigía a trabajar. La investigación intenta determinar las circunstancias del crimen y la identidad de los responsables.

El pronunciamiento también incluyó el caso de Isabel Carchi, cuyo asesinato incrementó la preocupación dentro del gremio docente por la seguridad en los establecimientos educativos.

Denuncias de amenazas y extorsiones

La Unión Nacional de Educadores sostiene que la violencia contra los maestros no se limita a los homicidios y que aumentaron las amenazas, extorsiones e intimidaciones vinculadas a organizaciones criminales.

Según el gremio, al menos diez docentes fueron asesinados entre 2025 y julio de 2026, mientras que cientos de trabajadores reportaron situaciones de riesgo.

Las zonas más afectadas incluyen áreas con fuerte presencia del crimen organizado, como la denominada Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón.

Reclamos por nuevos protocolos de seguridad

El Ministerio de Educación ecuatoriano reconoció que existen docentes amenazados y señaló que se aplicaron medidas de protección y traslados en algunos casos.

Sin embargo, la organización sindical considera que las acciones actuales no alcanzan para responder al nivel de inseguridad que enfrentan numerosos profesores.

Entre los pedidos del gremio se encuentran protocolos nacionales de prevención, canales confidenciales para denunciar extorsiones, reubicaciones rápidas y mayor coordinación entre autoridades educativas, policiales y judiciales.

La situación mantiene bajo presión al sistema educativo ecuatoriano, mientras organismos nacionales e internacionales reclaman avances en las investigaciones y medidas concretas para garantizar escuelas más seguras.

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