Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue trasladado en las últimas horas a la Unidad Penitenciaria N.º 14 de Esquel, en Chubut, luego de permanecer más de un año alojado en una cárcel de máxima seguridad en Rawson.

La medida se concretó después de que la Justicia Federal intimara al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para cumplir con la orden de traslado. El activista permanece detenido en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita e incitación a la violencia.

La defensa reclamaba el cambio de unidad

Desde junio de 2025, la defensa de Jones Huala solicitaba que fuera trasladado a Esquel para facilitar el contacto con su familia, residente en Bariloche.

Durante ese período, la Fiscalía Federal rechazó los pedidos, mientras que el Ministerio de Seguridad también manifestó su oposición al cambio de establecimiento por razones vinculadas a la seguridad.

Una decisión judicial que debió ser intimada

El juez federal subrogante Gustavo Zapata había autorizado previamente el traslado, pero, de acuerdo con la presentación de la defensa, el Servicio Penitenciario Federal no ejecutó la medida en los plazos previstos.

Ante esa situación, el magistrado intimó al organismo para que cumpliera con la resolución judicial y fijó un plazo para informar el estado del trámite, lo que finalmente derivó en el traslado del detenido.

Una cárcel que ya conoce

La Unidad 14 de Esquel no es un lugar nuevo para Jones Huala. Allí permaneció alojado en distintas oportunidades durante los procesos de extradición impulsados por la Justicia chilena.

En Chile fue condenado por delitos vinculados al incendio de una propiedad y la portación ilegal de armas. Tras obtener la libertad condicional, volvió a ser detenido en Argentina y posteriormente extraditado para completar la pena impuesta por la Justicia del país vecino.

La investigación continúa

Actualmente, Jones Huala permanece con prisión preventiva mientras avanza una investigación considerada de carácter complejo por la Justicia Federal.

El Ministerio Público Fiscal busca determinar su presunta participación en hechos atribuidos a la RAM en distintas provincias patagónicas. La prisión preventiva fue prorrogada hasta septiembre y podría extenderse nuevamente mientras continúe la investigación.

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