La negociación salarial entre los sindicatos aceiteros y las principales cámaras exportadoras del país atraviesa días decisivos. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para el próximo 18 de junio, las empresas solicitaron una nueva audiencia para intentar alcanzar un acuerdo que evite medidas de fuerza en el sector.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) señalaron que una eventual paralización de actividades tendría un fuerte impacto económico tanto para las empresas como para los propios trabajadores.

Una negociación contrarreloj

Las entidades empresarias pidieron a la Secretaría de Trabajo una reunión con los gremios para este martes, con el objetivo de retomar las conversaciones salariales antes de que finalice la conciliación obligatoria.

El conflicto se originó a fines de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso rechazaron la propuesta salarial presentada por las empresas y anunciaron un paro por tiempo indeterminado.

La intervención del Ministerio de Capital Humano permitió suspender la medida y abrir una instancia de negociación que continúa sin resolución definitiva.

Las cifras que exponen las exportadoras

Las cámaras empresarias sostienen que desde enero ya otorgaron incrementos acumulados del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período alcanzó el 14,7%.

Además, propusieron que los salarios se actualicen mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, mecanismo que, afirman, ya se utiliza habitualmente en el sector.

Según datos difundidos por CIARA y CEC, el salario promedio de un trabajador aceitero ronda actualmente los $4,8 millones mensuales, una cifra que supera ampliamente el promedio del empleo privado registrado en Argentina.

El costo de una posible medida de fuerza

Las exportadoras advirtieron que un nuevo paro podría generar pérdidas directas para los empleados. De acuerdo con sus estimaciones, cada jornada sin actividad representaría una reducción cercana a los $160.000 por trabajador.

En ese escenario, una semana completa de paralización implicaría ingresos no percibidos por alrededor de $960.000 para cada empleado alcanzado por la medida.

Las empresas también remarcaron que, desde noviembre de 2023, los salarios del sector registraron una suba acumulada superior a la inflación y a la evolución del tipo de cambio.

La postura de los sindicatos

Por su parte, los gremios consideran insuficiente la oferta presentada por las compañías y sostienen que el reclamo salarial busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Las organizaciones sindicales argumentan que los salarios deben contemplar el costo de vida actual y recuerdan que el sector agroexportador se encuentra entre los principales generadores de divisas del país.

En negociaciones previas, los representantes gremiales habían reclamado una recomposición cercana al 20%, postura que derivó en el conflicto que hoy sigue abierto.

Expectativa por una definición

La atención está puesta ahora en las próximas reuniones entre las partes. Un acuerdo permitiría garantizar la continuidad de la actividad en uno de los sectores más importantes para las exportaciones argentinas.

Si no se alcanza un entendimiento antes del vencimiento de la conciliación obligatoria, el conflicto podría escalar nuevamente y afectar el funcionamiento de plantas industriales, puertos y operaciones vinculadas al comercio exterior.

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