La Justicia chilena condenó a un hospital público a pagar una indemnización superior a los 100 mil dólares a una mujer que pasó cuatro años en cama convencida de que padecía cáncer terminal

La decisión judicial alcanzó al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, luego de comprobarse que nunca se realizaron los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico que había recibido la paciente.

El diagnóstico que nunca fue comprobado

El caso se remonta a 2019, cuando médicos del centro asistencial informaron a la mujer que sufría un cáncer urotelial en el uréter derecho.

Debido a problemas cardíacos preexistentes, se le indicó que no podía ser sometida a una cirugía. Sin embargo, los exámenes clave para confirmar la enfermedad, incluida una biopsia, jamás fueron realizados.

Durante más de cuatro años la paciente permaneció en su domicilio, postrada y bajo la creencia de que enfrentaba una enfermedad terminal.

La Justicia habló de negligencia grave

El tribunal concluyó que el hospital incumplió protocolos médicos básicos y vulneró los derechos de la paciente establecidos en la legislación sanitaria chilena.

En la sentencia, los jueces calificaron la conducta del establecimiento como una actuación "grave e inexcusablemente tardía", al no completar los procedimientos diagnósticos correspondientes ni brindar información adecuada a la afectada.

Además, determinaron que existió una clara falta de servicio por parte de la institución sanitaria.

Años de angustia para la paciente y su hija

La investigación judicial incluyó informes psicológicos que reflejaron el impacto emocional provocado por la situación.

Tanto la mujer como su hija, quien asumió su cuidado durante esos años, sufrieron importantes consecuencias psicológicas derivadas de la incertidumbre y el convencimiento de estar frente a una enfermedad terminal.

Por ese motivo, la indemnización fue distribuida entre ambas como reparación por el daño moral sufrido.

Un caso que reabre el debate sobre la atención médica

El fallo pone nuevamente en discusión la importancia de los diagnósticos precisos y el cumplimiento de los protocolos médicos en los sistemas de salud.

La resolución judicial también marca un precedente sobre la responsabilidad de los centros asistenciales cuando una atención deficiente provoca consecuencias físicas, emocionales y sociales de largo plazo para los pacientes y sus familias.

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