El Gobierno de Bolivia anunció medidas para expulsar a ciudadanos extranjeros que, según las autoridades, participaron en actividades vinculadas a las protestas que mantienen paralizado al país desde hace más de un mes. La decisión se produce en medio de una crisis política y social marcada por bloqueos de rutas y reclamos para que el presidente Rodrigo Paz abandone el cargo.

La medida fue comunicada por el canciller Fernando Aramayo, quien sostuvo que algunas personas ingresaron al país como turistas y luego participaron en actos políticos y movilizaciones. El funcionario consideró que esas acciones constituyen una injerencia en asuntos internos y representan una amenaza para la soberanía nacional.

Acusaciones de intervención externa

Desde el Ejecutivo señalaron que la presencia de activistas extranjeros en reuniones sindicales y manifestaciones es una prueba de intentos de influir en la situación política boliviana.

Entre los casos mencionados por las autoridades aparecen dirigentes de organizaciones políticas argentinas que participaron en encuentros de la Central Obrera Boliviana y en actos realizados en la ciudad de El Alto. El Gobierno cuestionó especialmente la participación de referentes vinculados a sectores de izquierda.

Un conflicto que afecta a gran parte del país

Las protestas son impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes mantienen cortes de rutas en siete de los nueve departamentos bolivianos y exigen la renuncia de Rodrigo Paz como condición para levantar las medidas de fuerza.

Los bloqueos provocaron serios problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde la situación se agravó en las últimas semanas.

Emergencia sanitaria y crisis humanitaria

La escasez de insumos médicos llevó a las autoridades locales a declarar la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días. Hospitales públicos informaron dificultades para garantizar el suministro de oxígeno medicinal y debieron reprogramar intervenciones quirúrgicas.

Además, numerosos pacientes encontraron obstáculos para acceder a centros de salud debido a los cortes de rutas. Organismos de derechos humanos reportaron fallecidos, heridos y centenares de personas detenidas durante el conflicto.

La Justicia interviene en el conflicto

En paralelo, la Justicia boliviana suspendió temporalmente las órdenes de detención contra dos dirigentes sindicales señalados como referentes de las protestas. La medida no implica el cierre definitivo de las causas y la Fiscalía conserva la posibilidad de reactivar los procesos judiciales.

A pesar de esa decisión, los líderes involucrados no participaron en las instancias de diálogo promovidas por el Gobierno, por lo que las negociaciones permanecen estancadas.

Un escenario aún sin solución

Mientras continúan los bloqueos y las acusaciones cruzadas, Bolivia enfrenta una de las crisis políticas más complejas de los últimos años. El Gobierno insiste en retomar el diálogo, pero los sectores movilizados mantienen sus reclamos y no muestran señales de retroceder en sus demandas.

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