Un allanamiento realizado en un predio rural de La Plata derivó en una investigación por presunta explotación laboral infantil y trata de personas. Durante el operativo, las autoridades encontraron a 150 personas viviendo en condiciones precarias, incluidos menores de edad y personas con discapacidad.

La intervención se llevó a cabo en un campo ubicado en la zona de Los Hornos, tras una denuncia presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que alertó sobre una adolescente de 14 años trabajando en la cosecha de tomates.

Qué encontraron en el predio

El procedimiento fue encabezado por la Policía Bonaerense junto a la Dirección de Trata de Personas. En el lugar identificaron a 99 adultos y 51 menores que residían en construcciones improvisadas hechas con chapas y madera.

Los investigadores constataron hacinamiento, falta de higiene y condiciones inadecuadas para la vida cotidiana. También detectaron instalaciones precarias y ausencia de servicios básicos en varias viviendas.

Durante la inspección, una menor en silla de ruedas fue asistida por organismos de niñez y trasladada junto a su madre. Además, hallaron a un hombre con espectro autista encerrado solo dentro de una vivienda con candado.

Denuncias por explotación laboral

Según testimonios recogidos durante el operativo, muchas de las personas trabajaban como jornaleros rurales sin estar registradas formalmente.

Los trabajadores aseguraron que cobraban apenas $250 por cada cajón de tomates cosechado y cargado, una cifra muy inferior a los valores establecidos en convenios laborales del sector.

La mayoría de los residentes serían trabajadores golondrinas provenientes de distintas provincias del norte argentino, que llegaron a la región para tareas temporales en el campo.

Tres personas quedaron detenidas

La fiscal María Cecilia Corfield ordenó el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Durante el procedimiento fueron detenidos una mujer y dos hombres vinculados al predio.

De acuerdo con el informe judicial, los acusados se habrían resistido al accionar policial e intentaron impedir el secuestro de dispositivos electrónicos. Quedaron imputados por resistencia a la autoridad y encubrimiento.

La investigación continuará en los próximos días para determinar posibles delitos vinculados a explotación laboral, reducción a la servidumbre y trata de personas.

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