La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó a tres años de prisión en suspenso al principal acusado de integrar una organización dedicada a fabricar y vender licencias de conducir falsas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La causa se inició luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad detectaran irregularidades en un registro durante un control vehicular. Tras una pericia ordenada por la fiscalía, se confirmó que el documento era apócrifo y se abrió una investigación más amplia.

A partir de ese hallazgo, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°25 avanzó sobre una presunta red dedicada a captar clientes y entregar registros ilegales en distintos puntos de la Capital Federal.

Cómo operaba la organización

Según la investigación judicial, la banda ofrecía “trámites rápidos” de licencias de conducir mediante WhatsApp y redes sociales. Los interesados enviaban sus datos personales, realizaban pagos por efectivo o billeteras virtuales y luego coordinaban la entrega de los documentos.

Para reunir pruebas, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales utilizó un agente encubierto que simuló ser comprador. La entrega pactada se realizó en Parque Patricios y permitió identificar al sospechoso, conocido como “Matías”.

Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano registraron el encuentro y aportaron evidencia clave para avanzar con la causa.

Allanamientos y pruebas clave

Durante un allanamiento realizado en un domicilio del barrio porteño de Almagro, los investigadores secuestraron 53 licencias falsas, celulares, computadoras, documentación y anotaciones vinculadas con la maniobra.

Además, el análisis de los dispositivos electrónicos permitió recuperar conversaciones y mensajes que detallaban la operatoria de la organización y la coordinación de las entregas.

La Justicia determinó que el acusado actuaba como organizador y encargado de captar clientes, coordinar pagos y distribuir los registros adulterados.

La condena y los próximos pasos

El imputado aceptó un juicio abreviado y fue condenado por asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados. La pena será de cumplimiento condicional, aunque deberá respetar reglas de conducta durante los próximos tres años.

La investigación judicial continúa para determinar si hubo más personas involucradas en la red y si existen otros documentos falsificados vinculados a la organización.