El Servicio Penitenciario de Corrientes difundió un comunicado oficial luego de que la Justicia provincial exigiera mayores garantías de seguridad y control para evitar el ingreso de drogas en las unidades carcelarias.

La respuesta institucional llegó tras una resolución emitida el 12 de mayo por el Juzgado de Ejecución de Condenas, que intimó al Ministerio de Seguridad y al organismo penitenciario a reforzar acciones vinculadas a la salud de los internos y la seguridad dentro de los establecimientos.

Requisa masiva en la Unidad Penal N°1

El comunicado fue publicado después de un operativo de requisa general realizado en la Unidad Penal N°1 de la capital correntina, donde fueron inspeccionados cerca de 400 internos alojados en pabellones de mediana y máxima seguridad.

Desde el organismo indicaron que el procedimiento concluyó sin hallazgos de relevancia y remarcaron que los controles continúan de manera permanente en distintos sectores del complejo penitenciario.

Qué medidas informó el Servicio Penitenciario

En el documento titulado “Fortalecimiento de Controles y Seguridad en el Complejo Penitenciario N°1”, las autoridades detallaron una serie de medidas orientadas a reforzar la vigilancia y evitar el ingreso de elementos prohibidos.

Entre ellas, señalaron que todas las personas que ingresan al establecimiento —incluidos visitantes, agentes penitenciarios y personal civil— son sometidas a controles y requisas obligatorias.

Además, explicaron que el equipo de escaneo de la unidad se encuentra bajo asistencia técnica especializada por parte de la empresa proveedora, radicada en Buenos Aires.

Mientras se realizan esas tareas, el organismo aseguró que fueron intensificados los controles manuales y visuales para mantener los niveles de seguridad dentro del penal.

Operativos sorpresa y vigilancia permanente

El Servicio Penitenciario también confirmó la realización diaria de requisas aleatorias en pabellones y módulos, bajo operativos sorpresa coordinados por distintas divisiones de seguridad.

A esto se suma el monitoreo constante mediante cámaras de videovigilancia, utilizado para detectar movimientos irregulares y agilizar la intervención del personal de guardia.

En paralelo, las autoridades informaron que trabajan junto a la División ETOP y equipos especializados de canes entrenados en detección de estupefacientes y narcóticos.

La respuesta tras la intimación judicial

La resolución judicial había puesto el foco en las condiciones de seguridad dentro de las cárceles correntinas y en la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención frente al ingreso de sustancias ilícitas.

Con el comunicado oficial, el Gobierno provincial buscó ratificar que mantiene activos los protocolos de control y que continuará reforzando recursos humanos y operativos en las unidades penitenciarias.

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