Un fondo de inversión intensificó en Estados Unidos las
gestiones para embargar activos argentinos tras un fallo a su favor por la
expropiación de Aerolíneas Argentinas.
Se trata de Titan Consortium, que obtuvo una sentencia por
unos US$390 millones. El país no canceló la deuda y el acreedor busca ejecutar
el cobro a través de la Justicia norteamericana.
Un fallo firme que sigue sin pago
El reclamo tiene origen en un laudo del CIADI, el tribunal
arbitral vinculado al Banco Mundial. Esa decisión fue luego validada por una
corte del distrito de Columbia, lo que habilita su ejecución en tribunales
ordinarios.
Según especialistas que siguen el caso, la Argentina
acumula más de un año sin cumplir con el pago, lo que abrió la puerta a nuevas
medidas judiciales por parte del fondo.
La disputa por los activos en Nueva York
El fondo busca posicionarse frente a otros acreedores para
cobrar la deuda utilizando como respaldo activos financieros vinculados a bonos
históricos.
En particular, apunta a los colaterales de los bonos Brady,
que permanecen depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Sin embargo,
esos recursos no alcanzarían para cubrir todos los reclamos existentes contra
el país.
Impacto en otras negociaciones
El avance de Titan podría interferir en acuerdos previos
del Gobierno con otros fondos, como Attestor y Bainbridge, con quienes se
negoció el uso de esos mismos activos para cerrar litigios vinculados al
default de 2001.
Incluso, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso
para respaldar ese entendimiento, lo que suma complejidad al escenario judicial
y financiero.
Un conflicto con años de historia
El caso se remonta al proceso de expropiación de Aerolíneas
Argentinas, que derivó en un fallo favorable a los demandantes en 2019.
Aunque en 2024 hubo intentos de alcanzar un acuerdo de
pago, las negociaciones no prosperaron y la estrategia oficial cambió, lo que
derivó en la actual instancia de ejecución.
Escenario abierto y presión creciente
La posibilidad de embargo enfrenta obstáculos, ya que no
todos los activos soberanos pueden ser alcanzados por la Justicia. Aun así, la
presión de los acreedores se intensifica.
El desarrollo del caso será clave para definir el impacto
sobre las finanzas del país y su relación con los mercados internacionales.
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