Un procedimiento judicial en la Unidad Penal N°9 de La Plata dejó al descubierto un sistema de privilegios y actividades ilegales dentro de un sector destinado a internos.

La intervención fue encabezada por la fiscal Virginia Bravo, con autorización de la jueza Marcela Garmendia, e incluyó la requisa completa de 54 celdas donde estaban alojadas 97 personas.

Tecnología prohibida y objetos incautados

Durante el operativo, las autoridades secuestraron más de 60 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, routers y dispositivos de almacenamiento.

También se encontraron consolas de videojuegos, entre ellas varias PlayStation, además de electrodomésticos como heladeras y freezers utilizados para almacenar productos.

Red de negocios dentro del penal

La investigación se inició tras una denuncia que advertía sobre la existencia de comercios clandestinos dentro del pabellón.

Según consta en la causa, funcionaban servicios como rotisería, repostería y peluquería, con precios elevados para los internos. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante billeteras virtuales.

Además, se detectó la venta de cigarrillos y otros productos, que generaban ingresos diarios dentro del sistema informal montado en el penal.

Cobros por beneficios y acceso a servicios

La denuncia también señala que los internos debían pagar para permanecer en ese sector y evitar ser trasladados a pabellones comunes.

Incluso el acceso a espacios como el gimnasio o el salón de usos múltiples requería pagos adicionales en dinero, alimentos o productos.

Sospechas de estafas desde la cárcel

Entre las irregularidades, los investigadores detectaron el uso de teléfonos y conexiones a internet para posibles maniobras de fraude digital.

Se sospecha que algunos internos operaban esquemas de estafas a través de un sistema similar a un “call center”, facilitado por redes wifi instaladas de manera ilegal.

Investigación en curso

El caso reavivó cuestionamientos sobre los controles en el sistema penitenciario bonaerense y el funcionamiento interno de las unidades carcelarias.

La Justicia continúa con la investigación y no descarta nuevas medidas para determinar responsabilidades y evitar la repetición de estos hechos.

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