El Gobierno nacional aplicó una multa de $21.241.500.000 al sindicato ferroviario La Fraternidad por no respetar la conciliación obligatoria durante el paro general del 19 de febrero.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, que consideró que la organización incumplió una orden vigente y afectó el funcionamiento de un servicio esencial.

Fundamentos de la decisión oficial

Según explicó la cartera laboral, la conciliación obligatoria había sido dictada el 5 de febrero y exigía suspender cualquier medida de fuerza por un plazo de 15 días.

La normativa establece que durante ese período sindicatos y empleadores deben retrotraer el conflicto para garantizar la continuidad del servicio y evitar perjuicios a la sociedad.

Posible escalada del conflicto

Desde el gremio, su titular Omar Maturano adelantó que analizarán la sanción en la Justicia y no descartó nuevas medidas de fuerza.

El dirigente sostuvo que la multa está mal aplicada y advirtió que podrían convocar a un paro por tiempo indeterminado.

Otras sanciones en análisis

El Gobierno también anticipó que podría aplicar una sanción aún mayor contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en relación con el mismo paro.

En ese caso, el gremio de los choferes sostiene que la conciliación obligatoria no alcanzaba a todos sus afiliados, lo que abre un nuevo frente de discusión.

Impacto político y sindical

La decisión oficial se da en un contexto de tensión con el movimiento sindical y en la antesala de nuevas protestas convocadas por la CGT.

Desde sectores gremiales calificaron la medida como una presión sobre la actividad sindical, mientras que el Ejecutivo remarcó que busca garantizar el cumplimiento de la ley.

Qué puede pasar ahora

El conflicto podría trasladarse al ámbito judicial, donde se definirá la validez de la sanción y sus alcances.

En paralelo, el escenario gremial se mantiene en alerta, con posibles nuevas medidas que podrían afectar el transporte y otros servicios en el país.

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