El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), la Municipalidad de Corrientes y el Ministerio de Salud Pública pusieron en marcha acciones coordinadas para reforzar el control de residuos peligrosos en la provincia.

El objetivo es optimizar los procesos de gestión, reducir riesgos sanitarios y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en todos los sectores involucrados.

Registro obligatorio para garantizar trazabilidad

Uno de los ejes centrales del plan es la inscripción obligatoria en el Registro Provincial de Residuos Peligrosos para generadores, transportistas y operadores, tanto públicos como privados.

Esta herramienta permite identificar el origen, traslado y tratamiento de los residuos, garantizando su trazabilidad y fortaleciendo el control ambiental.

Impacto en la salud y el ambiente

Desde los organismos involucrados señalaron que una gestión adecuada reduce riesgos para la salud de la población y minimiza el impacto ambiental.

Además, el sistema brinda respaldo legal a las empresas y mejora la transparencia en los procesos vinculados a residuos tóxicos, infecciosos o inflamables.

Trabajo articulado con el sistema de salud

La iniciativa también incluye la participación del Ministerio de Salud Pública, con foco en los residuos patológicos generados en centros sanitarios.

Durante los encuentros de trabajo se definió una agenda común para fortalecer controles y avanzar en una gestión integral que contemple tanto lo ambiental como lo sanitario.

Alcance de la normativa vigente

La obligación de registrarse alcanza a hospitales, clínicas, industrias y cualquier entidad que genere o manipule residuos peligrosos.

Para operar, deberán completar la documentación requerida y obtener el certificado habilitante correspondiente, en línea con las exigencias legales.

Hacia un sistema más controlado y seguro

Con estas medidas, las autoridades buscan consolidar un sistema más eficiente en el manejo de residuos peligrosos, con mayor control estatal y compromiso del sector privado.

El desafío a futuro será sostener la fiscalización y ampliar la adhesión al registro para garantizar un impacto real en la salud pública y el cuidado del ambiente.

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