La crisis del transporte público en Corrientes se profundizó tras la suspensión de 23 choferes de colectivos en la capital provincial. La medida, dispuesta por las empresas operadoras, implicó 30 días sin goce de haberes y generó un fuerte rechazo sindical.

Suspensiones en medio de la crisis

Los trabajadores afectados pertenecen a las firmas Ersa y Transporte San Lorenzo que prestan el servicio urbano en la ciudad. Según se informó, las empresas argumentaron dificultades económicas para justificar la decisión.

Desde el sector gremial confirmaron que los choferes recibieron notificaciones formales en las últimas horas, lo que encendió la preocupación por la estabilidad laboral en el sistema de transporte.

Rechazo gremial y estado de alerta

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) expresó su desacuerdo con las suspensiones y advirtió sobre el impacto en los puestos de trabajo. El sindicato se declaró en estado de alerta y anticipó que impulsaría acciones para revertir la medida.

Además, remarcaron que la situación generó incertidumbre entre los empleados y podría derivar en un conflicto mayor si no se encontraba una solución en el corto plazo.

Reunión clave para destrabar el conflicto

Representantes gremiales y empresarios tienen previsto un encuentro para intentar encauzar la situación. La reunión es considerada determinante para definir si las suspensiones serían revisadas o si el conflicto avanzaría hacia medidas más duras.

El resultado de ese diálogo se perfila como clave no solo para los trabajadores afectados, sino también para la continuidad y normal prestación del servicio de colectivos en Corrientes.

Un escenario abierto

El conflicto se sumó a una serie de tensiones que atravesaba el sistema de transporte urbano en la ciudad. De no alcanzarse un acuerdo, no se descartaban nuevas medidas gremiales que podrían impactar en los usuarios en los próximos días.

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