El Ministerio Público de Corrientes emitió un comunicado dirigido a estudiantes y familias ante el aumento de amenazas en establecimientos educativos, y remarca que se trata de delitos con consecuencias legales.

El organismo advierte que estas conductas, lejos de ser bromas o desafíos virales, están contempladas en el Código Penal Argentino y pueden derivar en sanciones severas.

Delitos tipificados y penas previstas

El documento detalla que las amenazas anónimas pueden implicar penas de hasta tres años de prisión, mientras que los casos de intimidación pública alcanzan hasta seis años.

Además, si los mensajes incluyen referencias a explosivos o sustancias peligrosas, las penas pueden escalar hasta diez años de cárcel.

Desde el organismo señalan que, incluso cuando se intenta ocultar la identidad, existen rastros digitales y físicos que permiten identificar a los responsables.

Impacto en la comunidad educativa

Las autoridades explicaron que este tipo de hechos genera consecuencias concretas: afecta la salud emocional de estudiantes y docentes, interrumpe el normal funcionamiento escolar y activa operativos de seguridad.

Cada alerta moviliza recursos policiales y de emergencia que podrían destinarse a situaciones reales.

Responsabilidad civil para las familias

El Ministerio Público subrayó que no solo hay consecuencias penales para los autores, sino también económicas para su entorno.

Los padres o tutores podrían enfrentar demandas civiles para cubrir los costos de los operativos desplegados, lo que puede traducirse en montos elevados.

Recomendaciones ante mensajes intimidatorios

Ante la aparición de amenazas, el organismo recomienda no difundir el contenido en redes sociales o grupos de mensajería para evitar generar pánico.

También solicita informar de inmediato a las autoridades escolares y colaborar con datos que permitan identificar a los responsables.

El comunicado cierra con una advertencia directa: una acción de este tipo puede tener consecuencias duraderas en la vida de quienes la cometen y su entorno, por lo que buscan desalentar estas prácticas y reforzar la prevención en la comunidad educativa.

#AmenazasEscolares #Corrientes #Seguridad #Justicia #Educación