El Gobierno nacional autorizó la instalación de sistemas para detectar y bloquear celulares dentro de cárceles federales, con el objetivo de impedir maniobras delictivas coordinadas desde el interior de los penales.

La decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se oficializó mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Nueva tecnología para combatir delitos

La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos capaces de identificar teléfonos activos dentro de los establecimientos y anular su funcionamiento.

A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, el sistema apunta a bloquear equipos específicos, sin afectar la conectividad en zonas cercanas a las cárceles.

El objetivo central es evitar que internos utilicen celulares para organizar delitos como estafas, amenazas o robos.

Un problema persistente en el sistema penitenciario

En los últimos años, distintas investigaciones judiciales detectan que grupos delictivos operan desde prisiones utilizando teléfonos móviles.

Algunos casos revelan esquemas organizados similares a centros de llamadas, desde donde se realizan maniobras ilícitas a gran escala.

Pese a los controles y secuestros de dispositivos, el uso de celulares dentro de cárceles continúa siendo una problemática sin solución definitiva.

Marco legal y aplicación

La medida se enmarca en la ley 24.660, que regula el sistema penitenciario y prohíbe el uso de celulares por parte de personas detenidas, aunque garantiza otras vías de comunicación.

Además, se apruebó un protocolo técnico que establece cómo se realizará la detección y bloqueo de los dispositivos dentro de los penales.

El Ministerio de Seguridad también avanzó en la compra, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios para su implementación.

Implementación progresiva

El despliegue de la tecnología no será inmediato, ya que requiere procesos técnicos para identificar cada dispositivo y aplicar el bloqueo de manera precisa.

Las autoridades buscan mejorar los controles sin afectar a la población que reside en zonas cercanas a los establecimientos penitenciarios.

Con esta medida, el Gobierno apunta a reforzar la seguridad y limitar el accionar de organizaciones criminales que operan desde las cárceles, en un intento por cerrar una de las principales brechas del sistema penitenciario.

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