El presidente Javier Milei firmó un decreto que permite a varias provincias, entre ellas Corrientes, asumir la gestión de tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios.

La medida autoriza a los gobiernos provinciales a encargarse del mantenimiento, administración y ejecución de obras, en un cambio significativo en la organización del sistema vial.

Cómo se financiarán las obras

El decreto habilita a las provincias a otorgar concesiones para realizar trabajos en rutas nacionales. Estas obras podrán financiarse a través del cobro de peajes, bajo el marco legal vigente.

De esta manera, se busca reactivar intervenciones en corredores clave sin depender exclusivamente de fondos del Estado nacional.

Provincias incluidas y condiciones

Además de Corrientes, el esquema alcanza a Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

La normativa establece que la Nación mantiene la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad continuará con tareas de control técnico y auditoría.

Las concesiones tendrán un plazo máximo de 30 años y cada proyecto deberá ser evaluado en términos económicos y de impacto en la red vial.

Plazos y obligaciones

Las provincias tendrán un año para iniciar los procesos de licitación y 90 días para adjudicar los contratos. En caso de incumplimiento, la gestión volverá automáticamente al Estado nacional.

Además, se deberán definir los tramos específicos a intervenir, las condiciones contractuales y las responsabilidades ante eventuales reclamos.

Impacto político y económico

La decisión responde a un reclamo sostenido de los gobernadores, que venían solicitando mayor control sobre rutas nacionales para avanzar con obras ante la paralización de la infraestructura vial.

El nuevo esquema se inscribe en la estrategia del Gobierno de reducir el rol operativo de la Nación y trasladar funciones a las provincias, al tiempo que busca mejorar la transitabilidad y reducir riesgos en corredores estratégicos.

Qué puede pasar ahora

Con el decreto en vigencia, se espera que en los próximos meses las provincias definan prioridades y lancen licitaciones para intervenir en rutas clave.

El avance de las obras y el impacto del sistema de peajes serán determinantes para evaluar la efectividad de este modelo de gestión descentralizada.

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