La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares tras una extensa sesión que culminó con 137 votos afirmativos y 111 negativos. El oficialismo logró avanzar con el respaldo de bloques aliados y fuerzas provinciales.

Cómo se logró la aprobación

El tratamiento comenzó con la obtención del quórum de 129 legisladores, con apoyo de espacios como el PRO, la UCR y otros bloques. La sesión se desarrolló sin sobresaltos para el oficialismo, que ya contaba con los votos necesarios.

Durante el debate, varios diputados que estaban anotados para hablar desistieron de hacerlo, lo que aceleró los tiempos y permitió adelantar la votación final.

Apoyo político y presencia clave

Uno de los momentos destacados fue la presencia de Karina Milei en el recinto, quien siguió el tramo final del debate desde los palcos. Su llegada coincidió con la consolidación del respaldo político al proyecto.

El oficialismo defendió la reforma al sostener que permite compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, especialmente en regiones con potencial minero.

Críticas y cuestionamientos

Desde la oposición surgieron fuertes críticas. Legisladores de distintos bloques calificaron la modificación como regresiva y advirtieron sobre posibles impactos negativos en el ambiente.

También se cuestionó el rol de las empresas mineras en la redacción del proyecto y se alertó sobre riesgos en el control de los recursos naturales, en particular el agua.

Debate ambiental y económico

La reforma de la Ley de Glaciares reabre la discusión sobre el equilibrio entre explotación de recursos y preservación ambiental. El texto aprobado introduce cambios que podrían facilitar inversiones en zonas previamente restringidas.

El tema generó preocupación en organizaciones ambientalistas, que siguieron de cerca la votación y manifestaron su rechazo.

Qué puede pasar ahora

Con la sanción definitiva, la nueva normativa queda en condiciones de ser promulgada. A partir de ahora, el foco estará en su implementación y en posibles acciones judiciales o reclamos de sectores que se oponen a los cambios.

El debate sobre minería, ambiente y desarrollo promete continuar en la agenda pública en los próximos meses.