El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, presentó un proyecto de reforma constitucional para incorporar garantías a las inversiones privadas y restringir aumentos impositivos en la provincia.

La iniciativa fue enviada a la Legislatura y requiere unanimidad para su aprobación, lo que abre un escenario de negociación política clave.

Qué propone la reforma

El proyecto plantea incluir un nuevo artículo en la Constitución provincial que asegure estabilidad jurídica y previsibilidad para quienes inviertan en Chaco.

Entre sus ejes, establece la protección de la propiedad privada, la igualdad ante la ley y la promoción activa de inversiones productivas como motor del desarrollo económico.

Límites a los impuestos

Uno de los puntos centrales es la prohibición de crear nuevos tributos o aumentar los existentes sobre inversiones alcanzadas por la norma.

También se busca impedir cambios en las bases imponibles que encarezcan la carga fiscal, con el objetivo de dar certezas a largo plazo a los inversores.

Excepciones previstas

El texto contempla excepciones en caso de que la Nación transfiera nuevas competencias tributarias a la provincia.

En esos casos, se permitirá aplicar impuestos siempre que no impliquen una duplicación de la carga sobre el mismo hecho imponible.

Seguridad jurídica y devolución de tributos

La propuesta establece que cualquier tributo que incumpla estas reglas será considerado nulo, obligando al Estado a devolver lo cobrado sin necesidad de largos procesos judiciales.

Además, se apunta a reducir la incertidumbre generada por tasas municipales, alineando a toda la provincia bajo un mismo esquema de promoción económica.

Clave política en la Legislatura

Para avanzar, el oficialismo necesita el apoyo de todos los bloques, incluido el peronismo, que aún no fijó postura pública sobre la iniciativa.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a generar empleo, atraer capitales y consolidar un marco estable para el crecimiento.

El debate legislativo definirá si la provincia avanza con este esquema de garantías constitucionales, en un contexto donde varias jurisdicciones buscan atraer inversiones en medio de cambios económicos a nivel nacional.

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